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La Superintendencia Nacional de Salud informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia porque, supuestamente, la empresa impidió la continuidad de una auditoría que realiza el organismo de control.
“Es una pelea política”: opinión de experto sobre la situación
El abogado penalista Francisco Bernate consideró que la denuncia difícilmente prosperaría, porque, según él, negarse de manera justificada a una auditoría no constituye obstrucción al ejercicio de la función pública.
Sobre el trasfondo del caso, Bernate manifestó que este tipo de denuncias suelen utilizarse en Colombia con fines políticos y sostuvo que existen procesos que, desde el inicio, tienen pocas posibilidades de prosperar pero terminan trasladando a la justicia controversias de carácter político.
“Es una costumbre ya en Colombia que se hace política a través de este tipo de denuncias, denuncias que desde el día cero se saben que no van a proceder y entonces pues es una forma, lo vimos en la pasada campaña presidencial, donde se presentan denuncias pues que no tienen nada que ver pero que con eso se pretende hacer política y en últimas el perjudicado pues es la justicia colombiana”, declaró. (sic)
Por último, frente a la información que la FLA considera ajena al objeto de la auditoría, el abogado señaló que la entidad debe expresar de manera motivada las razones por las cuales no la entrega y, si considera que la autoridad insiste en exigir documentos que vulneran derechos fundamentales como el debido proceso o la confidencialidad, podría acudir a una acción de tutela para protegerlos.
Versión de la Supersalud
Según la Supersalud, el pasado 26 de junio el equipo auditor se presentó en las instalaciones de la FLA para reanudar las actuaciones de inspección y vigilancia, pero la entidad no permitió el desarrollo de la diligencia. El organismo aseguró que se trata de un hecho "sin precedentes" y que la obstrucción al ejercicio de sus funciones podría configurar el delito de obstrucción a la función pública.
La entidad explicó que la auditoría había estado suspendida mientras se resolvía una recusación presentada por la FLA contra el superintendente Nacional de Salud y otro funcionario. De acuerdo con la Supersalud, el Ministerio de Salud declaró no probada esa recusación, por lo que la inspección podía continuar.
Además de la denuncia penal, la Superintendencia señaló que puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, y anunció que adelanta las actuaciones administrativas correspondientes, incluida la eventual imposición de multas por el presunto desacato a sus requerimientos.
Versión de la FLA
Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia rechazó los señalamientos y aseguró que ha atendido "de manera diligente y respetuosa" la auditoría, entregando la información solicitada y manteniendo una actitud de colaboración con los organismos de control.
La empresa afirmó que en ningún momento se ha negado a suministrar la información y explicó que la recusación presentada contra funcionarios de la Supersalud es un mecanismo previsto en la ley para garantizar la imparcialidad, la transparencia y el debido proceso.
La FLA también argumentó que algunos de los requerimientos formulados por la Superintendencia exceden, según la entidad, el alcance de la vigilancia en salud, pues incluyen información contractual, financiera, confidencial y de gobierno corporativo que no guarda relación con el objeto de la auditoría.
Las claves de la noticia, en tres preguntas:
¿Por qué la Superintendencia Nacional de Salud denunció penalmente a directivos de la FLA? Porque asegura que la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia impidió la continuidad de una auditoría de inspección y vigilancia el pasado 26 de junio, lo que, según la entidad, podría constituir el delito de obstrucción a la función pública.
¿Cuál es la defensa de la Fábrica de Licores de Antioquia frente a los señalamientos? La FLA afirma que ha colaborado con la auditoría y ha entregado la información requerida. Sostiene que la recusación presentada contra funcionarios de la Supersalud fue un mecanismo legal para garantizar la imparcialidad y el debido proceso, y que algunos requerimientos exceden las competencias de la entidad al solicitar información confidencial y de gobierno corporativo.
¿Qué opina el abogado penalista Francisco Bernate sobre la denuncia? Bernate considera que la denuncia difícilmente prosperará, pues, a su juicio, una negativa justificada a entregar determinada información no configura obstrucción a la función pública. Además, sostiene que este tipo de denuncias suelen utilizarse con fines políticos y recomienda que, si la FLA considera que se vulneran derechos fundamentales, acuda a mecanismos como la acción de tutela.
