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La Superintendencia Nacional de Salud anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), tras considerar que se impidió el desarrollo de una auditoría oficial ordenada por la entidad en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
Según informó la Superintendencia, el pasado 26 de junio un equipo auditor se desplazó hasta las instalaciones de la FLA para reanudar una diligencia de seguimiento que había sido previamente autorizada. Sin embargo, al llegar al lugar, los funcionarios no habrían recibido la información requerida ni las condiciones necesarias para continuar con el proceso de auditoría.
Ejercicio de las facultades de control
El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, calificó la situación como un hecho sin precedentes para la entidad. De acuerdo con el funcionario, nunca antes un sujeto bajo vigilancia de la Superintendencia había impedido el ejercicio de las facultades de control que le otorga la ley.
“Pasó algo extraordinario, algo que no había pasado nunca en la historia de esta superintendencia y es que las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información a los auditores que se desplazaron hasta este lugar, hasta este sitio, para realizar la auditoría que además está en el marco de las funciones de esta superintendencia, de esta entidad. esta negativa supone en sí misma una violación a la Constitución y a la ley”, dijo.
La auditoría había enfrentado previamente un retraso debido a una recusación presentada por la FLA contra el propio superintendente y contra el superintendente delegado para Entidades Territoriales, Juan David Duque García. No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió que dicha recusación no tenía fundamento, permitiendo la continuidad del procedimiento de inspección.
Posible obstrucción a la función pública
Tras superarse ese trámite, la Superintendencia intentó retomar la diligencia, pero sostiene que nuevamente encontró obstáculos que impidieron el acceso a la información necesaria para avanzar en la auditoría.
Frente a estos hechos, la entidad señaló que la conducta podría constituir una posible obstrucción a la función pública, una conducta contemplada en la legislación penal colombiana. De acuerdo con la normativa vigente, impedir o entorpecer el ejercicio legítimo de las funciones de una autoridad puede derivar en sanciones penales, disciplinarias y fiscales.
Además de la denuncia presentada ante la Fiscalía, la Superintendencia informó que remitió el caso a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que evalúen posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La entidad también indicó que adelanta actuaciones administrativas contra la FLA y estudia la eventual aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1949 de 2019, entre ellas multas sucesivas por incumplimiento de requerimientos formulados por la autoridad de vigilancia.
Finalmente, la Superintendencia hizo un llamado a todas las entidades sometidas a su control para que colaboren con los procesos de inspección y garanticen el acceso oportuno a la información requerida por los organismos de supervisión, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Constitución y la ley.
Claves del tema en cuatro preguntas
1. ¿Por qué la Superintendencia Nacional de Salud denunció a directivos de la FLA?
La entidad presentó una denuncia penal porque, según informó, los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) impidieron el desarrollo de una auditoría oficial y no entregaron la información requerida por el equipo auditor.
2. ¿Qué ocurrió durante la visita de los auditores?
El 26 de junio de 2026, funcionarios de la Superintendencia llegaron a las instalaciones de la FLA para reanudar una diligencia de inspección y vigilancia. Sin embargo, la entidad vigilada no permitió la continuidad de la auditoría, lo que impidió su realización.
3. ¿Qué antecedentes tenía este proceso de auditoría?
Antes de la visita, la FLA había presentado una recusación contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, y otro funcionario de la entidad. El Ministerio de Salud rechazó esa solicitud y autorizó la continuación de la auditoría.
4. ¿Qué acciones anunció la Superintendencia tras los hechos?
Además de la denuncia ante la Fiscalía, la Superintendencia puso el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. También evalúa sanciones administrativas y posibles multas por desacato a sus requerimientos.
