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En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Defensoría del Pueblo realizó los días 2 y 3 de octubre el encuentro “Habitar los territorios: intercambio de experiencias sobre el derecho a la vivienda digna y a la ciudad”, en Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.
El espacio reunió a representantes de asentamientos humanos de origen informal de distintas regiones del país, académicos, defensores de derechos humanos, instituciones y funcionarios de la Defensoría, con el propósito de analizar las condiciones de vivienda y los principales desafíos relacionados con el derecho a habitar los territorios.
Según las cifras presentadas por la entidad, Colombia tenía en 2025 aproximadamente 53,3 millones de habitantes y 18,9 millones de hogares. De ese total, el 25,6 % de los hogares, más de 4,8 millones, se encontraba en déficit habitacional.
El 6,3 % presentaba déficit cuantitativo, relacionado con hogares que requieren una nueva solución de vivienda debido a condiciones estructurales o de espacio. El 19,3 % registraba déficit cualitativo, asociado a viviendas que necesitan mejoras en aspectos como servicios públicos, pisos o hacinamiento mitigable.
La Defensoría señaló que estas cifras muestran que las necesidades habitacionales no están relacionadas únicamente con la construcción de nuevas viviendas, sino también con el mejoramiento de las condiciones de las que ya existen.
Asentamientos informales también enfrentan riesgos
La entidad informó que desde 2025 adelanta investigaciones y procesos de acercamiento territorial sobre los asentamientos humanos de origen informal, el derecho a la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial y la formulación de políticas públicas.
Un sondeo realizado con 18 oficinas regionales permitió identificar algunas de las condiciones de estos territorios. Entre los hallazgos se encontró que predominan los asentamientos ubicados en predios de propiedad privada, lo que puede dificultar los procesos de legalización urbanística, formalización predial y solución de conflictos relacionados con la tenencia.
Aunque la mayor concentración se encuentra en suelo urbano, también se identificaron asentamientos en áreas rurales y de expansión urbana.
Uno de los puntos señalados por la Defensoría está relacionado con la gestión del riesgo. Más de la mitad de los asentamientos reportados estaban ubicados en zonas con condiciones de riesgo, lo que evidencia una relación entre la informalidad en el acceso al suelo, la exposición a amenazas y la vulneración de derechos.
La entidad sostuvo que esta situación está relacionada con problemas acumulados en materia de ordenamiento territorial, producción de suelo urbanizable, planificación del crecimiento urbano y rural, gestión del riesgo y garantía del derecho a una vivienda adecuada.
Vivienda adecuada no significa solamente tener un techo
Durante el encuentro, la Defensoría planteó que el derecho a la vivienda comprende aspectos como la seguridad en la tenencia, el acceso a servicios públicos, la asequibilidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la ubicación y la pertinencia cultural.
El organismo también relacionó el derecho a la vivienda con el acceso a agua, saneamiento, salud, educación, transporte, empleo, seguridad y participación comunitaria.
En ese sentido, la entidad señaló que los asentamientos de origen informal no deben ser analizados únicamente como un problema urbanístico, debido a que también son territorios donde las comunidades han desarrollado procesos de organización y autogestión. “La informalidad describe una condición, pero no define a una comunidad”.
La Defensoría destacó que las comunidades tienen conocimiento sobre sus territorios y deben participar en la construcción de las soluciones relacionadas con vivienda, servicios, riesgo y ordenamiento.
Soacha y los retos del ordenamiento territorial
El encuentro realizado en Soacha permitió abordar el proceso de crecimiento urbano del municipio, marcado también por la recepción de población desplazada, la construcción popular y la organización comunitaria.
La Defensoría puso como ejemplo experiencias como Altos de la Florida, donde las comunidades han participado en procesos relacionados con la gestión de servicios, las redes de cuidado y la permanencia en el territorio.
También hizo referencia al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, adoptado mediante el Acuerdo 29 de 2026, y señaló la necesidad de que las decisiones de ordenamiento respondan a las condiciones de las comunidades y contemplen aspectos como vivienda, servicios públicos, uso del suelo, gestión del riesgo y permanencia territorial.
Desplazamiento, vivienda y acceso a la tierra
Otro de los temas abordados fue la situación de las víctimas de desplazamiento forzado. La Defensoría sostuvo que las soluciones para esta población no deben limitarse a la entrega de una vivienda, sino que deben incluir seguridad, servicios públicos, medios de vida, integración comunitaria y condiciones de permanencia.
De acuerdo con la información presentada por la entidad, durante el primer semestre del año pasado fueron registradas 156.132 víctimas únicas de desplazamiento forzado en el territorio nacional. De ellas, el 51,4 % eran mujeres y el 35,5 % correspondía a niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría también destacó la relación entre vivienda, acceso a la tierra y reincorporación. En su rendición de cuentas de 2025, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización reportó 11.265 firmantes que continuaban en el proceso de reincorporación.
Asimismo, informó sobre avances en el acceso a tierras para proyectos productivos colectivos y en la construcción, ejecución y financiación de 1.572 soluciones habitacionales para esta población.
Defensoría plantea una agenda sobre vivienda y territorio
A partir del trabajo realizado en los territorios, la Defensoría planteó una serie de prioridades para las políticas públicas relacionadas con los asentamientos humanos de origen informal.
Entre ellas están el acceso a suelo seguro y adecuadamente localizado, la seguridad de la tenencia, la prevención de desalojos forzosos y la protección de los derechos durante los procesos de traslado por riesgo.
También planteó fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios y reconocer la relación entre tierra, vivienda, medios de vida y arraigo.
La entidad pidió además valorar los procesos de producción social del hábitat y los conocimientos construidos por las comunidades, así como incorporar enfoques de género, étnico, territorial, diferencial e interseccional.
Otro de los puntos planteados fue modificar prácticas institucionales que puedan estigmatizar a quienes habitan estos territorios. La Defensoría sostuvo que términos como “ilegales” o “informales” deben referirse a determinadas condiciones de acceso al suelo, la vivienda o el desarrollo urbanístico, y no a las personas.
La conclusión del encuentro fue que garantizar una vivienda adecuada requiere una política que articule vivienda y suelo con servicios públicos, gestión del riesgo, protección ambiental, movilidad, medios de vida y participación de las comunidades.
Claves del tema en cuatro preguntas:
1. ¿Cuál es el déficit habitacional en Colombia?
El déficit habitacional en Colombia alcanzó al 25,6 % de los hogares en 2025, equivalente a más de 4,8 millones de hogares. El 6,3 % tenía déficit cuantitativo y el 19,3 % déficit cualitativo.
2. ¿Qué encontró la Defensoría sobre los asentamientos informales?
Los asentamientos humanos de origen informal se concentran principalmente en suelo urbano, aunque también están presentes en zonas rurales y de expansión. Más de la mitad de los reportados se ubicaban en áreas con condiciones de riesgo.
3. ¿Qué incluye el derecho a una vivienda adecuada?
El derecho a una vivienda adecuada comprende seguridad en la tenencia, servicios públicos, habitabilidad, accesibilidad, asequibilidad, ubicación y pertinencia cultural, además de condiciones relacionadas con transporte, salud, educación y empleo.
4. ¿Qué propone la Defensoría para los asentamientos de origen informal?
La Defensoría del Pueblo propone avanzar en acceso a suelo seguro, seguridad de la tenencia, prevención de desalojos, gestión del riesgo y participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
