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Los ministerios de Hacienda y del Trabajo manifestaron su profunda preocupación ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026. Según el Ejecutivo, esta medida pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y dificulta el cumplimiento de las obligaciones con los afiliados que se trasladaron a Colpensiones.
El pronunciamiento oficial señala que la decisión judicial bloquea el traslado de recursos de ciudadanos que se acogieron a la oportunidad excepcional de traslado (prevista en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024) para pasar al Régimen de Prima Media.
“La decisión genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema, en tanto impide el traslado a Colpensiones de los recursos de ciudadanos que decidieron voluntariamente consolidar su situación jurídica pensionándose en dicho régimen”, advirtió el Gobierno.
Cuestionamientos a la decisión del Consejo de Estado
Las carteras de Hacienda y Trabajo señalaron una contradicción jurídica en la medida. Explican que el Consejo de Estado suspende una norma reglamentaria basada en la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), la cual ya se encuentra suspendida por la Corte Constitucional desde hace dos años.
Ante este escenario, el Ejecutivo sostiene que el marco jurídico vigente sigue siendo la Ley 100 de 1993.
“Esta decisión bloquea al sistema puesto que suspende en su totalidad el decreto por no observar una reforma que no está vigente. En un Estado de Derecho, la potestad reglamentaria debe ejercerse sobre el marco normativo aplicable”, subrayaron los ministerios, recordando además que la ley prohíbe que un afiliado pertenezca simultáneamente a dos regímenes.
Sostenibilidad financiera en riesgo
Para el Gobierno, no es viable exigirle a Colpensiones el pago de mesadas si el capital para financiarlas no ha sido transferido.
“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de obligaciones de una persona cuyos recursos permanecen atrapados en una administradora privada”, indicaron las entidades.
Asimismo, el Ejecutivo aclaró que estos recursos tienen destinación exclusiva para la seguridad social y que su retención en el sector privado representa un riesgo mayor para los ahorros de los trabajadores que el que la suspensión judicial pretende evitar.
Invocación al principio constitucional
Finalmente, el Gobierno invocó el artículo 48 de la Constitución Política, que ordena respetar el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Argumentan que negar el traslado de los ahorros impide garantizar el pago oportuno de las pensiones y genera una parálisis operativa.
El Ejecutivo reiteró que continuará defendiendo las medidas adoptadas para proteger los derechos de los afiliados que optaron por el régimen público y asegurar la estabilidad financiera de Colpensiones.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Por qué el Gobierno manifestó preocupación por la suspensión del Decreto 415 de 2026?
El Gobierno expresó preocupación porque la suspensión provisional del decreto, ordenada por el Consejo de Estado, impide el traslado de recursos a Colpensiones y podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional colombiano.
¿Qué efecto tiene la decisión del Consejo de Estado sobre los afiliados trasladados a Colpensiones?
Según el Gobierno, la decisión bloquea el traslado de los recursos de los afiliados que decidieron pasarse al Régimen de Prima Media, dificultando que Colpensiones pueda asumir el pago de sus obligaciones pensionales.
¿Qué argumento jurídico presentó el Gobierno frente a la suspensión del decreto?
El Ejecutivo señaló que la Ley 2381 de 2024, que sirvió de base para el Decreto 415, actualmente se encuentra suspendida por la Corte Constitucional, por lo que el marco normativo vigente sigue siendo la Ley 100 de 1993.
¿Qué advirtió el Gobierno sobre la sostenibilidad financiera del sistema pensional?
El Gobierno aseguró que no es financieramente viable exigirle a Colpensiones el pago de pensiones si los recursos de los afiliados permanecen en administradoras privadas, situación que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional.
