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El Gobierno Nacional entregó a la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992, una iniciativa con la que busca actualizar el marco normativo de la educación superior y responder a los retos actuales del sistema educativo colombiano.
La propuesta, liderada por el Ministerio de Educación Nacional, plantea cambios de fondo orientados a fortalecer la educación superior pública, ampliar las oportunidades de acceso y permanencia para los estudiantes, promover una mayor participación de la comunidad académica en la toma de decisiones y consolidar la investigación y la innovación como motores del desarrollo regional.
Marco normativo de la educación superior
“Desde el Gobierno Nacional y por instrucción del señor presidente Gustavo Petro, hacemos entrega del proyecto de ley que reforma integralmente la ley 30 a la bancada del Pacto Histórico de hombres y mujeres, que han tenido el voto de confianza de más de la mitad del país, la mayoría del país, fundamentalmente jóvenes de Colombia, ve la reforma integral a la ley 30”, dijo Daniel Rojas, ministro de Educación.
De acuerdo con el Gobierno, la reforma da continuidad a las acciones impulsadas en los últimos años para fortalecer el sector y desarrolla compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, recoge los aportes de estudiantes, docentes, rectores, trabajadores y organizaciones académicas que participaron en diferentes espacios de diálogo y construcción colectiva.
Estabilidad financiera para las universidades
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de la financiación de las instituciones públicas de educación superior. El proyecto establece que los aportes estatales crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB), con el propósito de garantizar una mayor estabilidad financiera para las universidades públicas.
La propuesta también contempla aumentar progresivamente del 2 % al 5 % los recursos destinados al bienestar universitario, así como destinar al menos el 10 % de los presupuestos institucionales a investigación, innovación y producción de conocimiento. Además, incluye medidas para avanzar en la formalización gradual de las plantas docentes y administrativas.
Mecanismos de gobernanza universitaria
Otro de los aspectos relevantes es la reforma a los mecanismos de gobernanza universitaria. El texto propone duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores e incorporar nuevos actores sociales y territoriales, con el fin de fortalecer la participación en la toma de decisiones.
El proyecto también crea los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), espacios que buscarán articular a las instituciones educativas con las administraciones regionales. De igual forma, plantea la creación del Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), organismo que reemplazaría al actual Sistema Universitario Estatal (SUE) e incluiría representación de estudiantes y profesores.
Futuro en el legislativo
Entre las nuevas figuras contempladas se encuentran los Multicampus, diseñados para ampliar la cobertura en territorios históricamente excluidos mediante el uso compartido de infraestructura, programas académicos y servicios. A ello se suma la creación de un Plan Decenal de Educación Superior que orientará el crecimiento y desarrollo del sistema en el largo plazo.
La propuesta también fortalece el bienestar universitario, redefine el papel del ICFES como entidad técnica de seguimiento y evaluación del sistema, y plantea una reorientación del ICETEX para priorizar la financiación de estudios de posgrado y programas de formación en el exterior bajo criterios de equidad y retribución social.
Con la entrega del proyecto al Congreso, comenzará el debate legislativo de una reforma que busca convertirse en la transformación más profunda de la educación superior colombiana desde la expedición de la Ley 30 hace más de tres décadas.
Claves del tema en cuatro preguntas
1. ¿Qué busca la reforma integral a la Ley 30 de 1992?
La iniciativa pretende actualizar el sistema de educación superior colombiano mediante un nuevo modelo que fortalezca la educación pública, amplíe el acceso y la permanencia de los estudiantes, promueva una gobernanza más participativa y consolide la educación superior como un derecho y un bien común.
2. ¿Cómo cambiaría la financiación de las universidades públicas?
El proyecto establece que los aportes estatales crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del aumento real del PIB. Además, incrementa progresivamente del 2 % al 5 % los recursos destinados al bienestar universitario y exige que al menos el 10 % de los presupuestos institucionales se invierta en investigación, innovación y producción de conocimiento.
3. ¿Qué nuevas entidades y mecanismos crea la reforma?
La propuesta contempla la creación de los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazaría al Sistema Universitario Estatal (SUE), los Multicampus para ampliar la cobertura en regiones apartadas y un Plan Decenal de Educación Superior que orientará el desarrollo del sector a largo plazo.
4. ¿Qué otros cambios incluye el proyecto?
La reforma fortalece el bienestar universitario, impulsa la formalización progresiva de docentes y trabajadores administrativos, amplía la participación de estudiantes y profesores en los órganos de gobierno universitario, redefine el papel del ICFES como entidad técnica de evaluación y reorienta el ICETEX para priorizar estudios de posgrado y formación en el exterior con criterios de equidad y retorno social.
