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El Ministerio de Educación anunció la imposición de una vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico, luego de identificar “graves irregularidades” en el proceso de elección de rector.
De acuerdo con la cartera educativa, uno de los candidatos presentó inconsistencias en su experiencia académica certificada, lo que ha puesto en duda la validez de los documentos con los que aspira al cargo de rector. Además, el Ministerio señala que existen documentos contradictorios sobre su trayectoria docente y en cargos directivos.
El Ministerio informó que algunos integrantes del Comité Electoral de la universidad habrían sufrido acciones disciplinarias poco comunes después de reportar esas irregularidades ante el Ministerio, lo que ha provocado alertas sobre un posible uso indebido de los mecanismos internos disciplinarios.
Durante una visita de inspección preventiva, el Ministerio constató que la Universidad no ha entregado todos los soportes documentales solicitados, incluso aquellos esenciales para verificar el cumplimiento de los requisitos básicos por parte de los candidatos. Esta falta de transparencia activó los procedimientos contemplados en la Ley 1740, que regula la inspección y vigilancia de instituciones educativas.
Frente a estas situaciones, el Ministerio de Educación adoptó medidas concretas: mediante la Resolución 022126, instauró una vigilancia especial sobre la universidad. Parte de esa intervención incluye la designación de un inspector in situ, encargado de supervisar de forma permanente la gestión administrativa y financiera de la institución mientras dure la medida.
El Ministerio advierte que podría adoptar nuevas medidas o modificar las vigentes, de acuerdo con el cumplimiento que demuestre la universidad con respecto a las irregularidades detectadas. La cartera subraya que su objetivo con estas acciones es restablecer la transparencia y garantizar la legalidad en el proceso de elección, sin desconocer la autonomía universitaria, pero salvaguardando que se respeten los procesos institucionales y los derechos de quienes han denunciado irregularidades.
