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La Procuraduría General de la Nación negó la recusación interpuesta contra el contralor Carlos Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello Blanco sobre el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta por Hidroituango.
Con la decisión, la Contraloría podría continuar o reactivar el proceso fiscal que se suspendió desde octubre pasado y que está pendiente de una decisión de segunda instancia.
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Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo presentó una nueva recusación contra el contralor que podría volver a frenar el caso en la Contraloría.
La recusación que negó la Procuraduría la había presentado la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos, quien consideraba que supuestamente no había garantías en ese proceso en la Contraloría que se inició por supuestamente causar daños al patrimonio del Estado en el marco de la megaobra.
El recurso decía que Córdoba ya había sentado su postura sobre el proceso por unas declaraciones en medios de comunicación “sobre el fallo de primera instancia (…) lo que afectaría la independencia de sus subalternos” en el fallo definitivo
En el caso de la Procuradora, la recusación decía que la entidad disciplinaria ya había iniciado una investigación por los mismos hechos en el 2018, “lo que afectaría su independencia e imparcialidad en el trámite (…) dado el prejuzgamiento sobre los supuestos”
“Resultan impertinentes las recusaciones en la medida en que los funcionarios objeto de este incidente no están conociendo de la actuación fiscal”, señaló la Procuraduría en el fallo.
La decisión también advierte que “no sería factible alegar una causal frente a un funcionario que no esté conociendo el expediente, lo que implica que al ser inviable el evento impeditivo, carece de potencialidad y virtualidad de afectar el principio de imparcialidad”.
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El proceso de responsabilidad fiscal se abrió en la Contraloría en el 2019 contra varias personas por presuntas omisiones en la vigilancia de las obras de Hidroituango.
La Contraloría en su momento concluyó que en el proyecto al parecer, hubo un daño fiscal de por lo menos cuatro billones de pesos.
