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La Gobernación de Antioquia declaró la Calamidad Pública Departamental como respuesta a las afectaciones ocasionadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto, que dejó impactos en 107 municipios del departamento. El Plan de Atención de Emergencias contempla una inversión preliminar estimada en 38 mil millones de pesos para atender las afectaciones.
De acuerdo con el balance consolidado, el sismo dejó más de 5.100 afectaciones en el territorio: 4.090 viviendas afectadas, 33 de ellas colapsadas, 777 centros educativos, 30 centros hospitalarios con daños, 72 iglesias o centros religiosos, 17 vías o puentes y 162 equipamientos no habitacionales impactados.
La declaratoria fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, habló de los objetivos de esta medida y los recursos disponibles.
“Esta herramienta jurídica y administrativa le permitirá al Departamento de Antioquia realizar las intervenciones y la gestión de recursos financieros para la recuperación de las afectaciones presentadas en este departamento. Adicionalmente, en el marco de esta Declaratoria de Calamidad Pública, el Departamento de Antioquia ya cuenta con su Plan de Atención de Emergencias, con una inversión estimada preliminar de 38 mil millones de pesos”, declaró.
Antioquia activa plan de atención de emergencias
El proceso involucrará a nueve sectores de la administración departamental: educación, salud, ambiente, desarrollo económico, infraestructura, vivienda, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Dagran, cultura mediante el ICPA, e Indeportes, este último encargado de atender los escenarios deportivos afectados.
En la fase de respuesta se desarrollarán de manera articulada 45 actividades contempladas en el Plan de Acción Específico para la Respuesta (PAER), cuyas necesidades prioritarias ya fueron identificadas a partir de las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN) realizadas en los municipios afectados.
Viviendas e infraestructura, entre las prioridades
Entre las principales acciones se encuentra la recuperación de las viviendas afectadas y de la infraestructura de salud, además de la garantía de la prestación de los servicios esenciales, con énfasis en el fortalecimiento de la atención en salud mental y el apoyo psicosocial a las comunidades.
En materia de vivienda, se adelantará la verificación de habitabilidad de las viviendas afectadas, priorizando las colapsadas y aquellas con daños que impidan su ocupación.
Habrá subsidios de arriendo y ayudas humanitarias
La respuesta también contempla la habilitación de 500 subsidios de arrendamiento temporal, con una duración de seis meses, destinados a las familias damnificadas, así como la entrega de kits de ayuda humanitaria de emergencia a los hogares más necesitados.
En cuanto a servicios básicos, el plan incluye acciones para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento, mediante la reparación de acueductos afectados, el reemplazo de infraestructura colapsada y el suministro alterno de agua en los sectores con riesgo de desabastecimiento.
A esto se suma la evaluación y reparación de las vías y puentes con daños reportados.
Claves del tema: cinco preguntas
¿Por qué la Gobernación de Antioquia declaró la Calamidad Pública Departamental?
La Gobernación declaró la Calamidad Pública Departamental como respuesta a las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto, que impactó a 107 municipios de Antioquia. La medida permite al departamento adelantar intervenciones y gestionar recursos financieros para atender los daños ocasionados por la emergencia. Como parte de esta declaratoria, Antioquia cuenta con un Plan de Atención de Emergencias cuya inversión preliminar está estimada en 38 mil millones de pesos.
¿Cuáles fueron las principales afectaciones que dejó el terremoto en Antioquia?
El balance consolidado registra más de 5.100 afectaciones en el departamento. Entre ellas se encuentran 4.090 viviendas afectadas, de las cuales 33 colapsaron, además de 777 centros educativos, 30 centros hospitalarios, 72 iglesias o centros religiosos, 17 vías o puentes y 162 equipamientos no habitacionales. Las autoridades utilizaron las evaluaciones de daños y análisis de necesidades realizadas en los municipios para establecer las prioridades de atención y definir las acciones que serán ejecutadas durante la fase de respuesta.
¿En qué se invertirán los 38 mil millones de pesos contemplados inicialmente?
Los recursos estarán dirigidos a atender y recuperar las diferentes afectaciones provocadas por el sismo, especialmente en sectores como vivienda, salud, infraestructura, educación, servicios públicos y atención humanitaria. La respuesta contempla intervenciones en viviendas afectadas, infraestructura hospitalaria, vías y puentes, acueductos y otros equipamientos. También se destinarán acciones a la atención de las comunidades, incluyendo apoyo psicosocial y fortalecimiento de la atención en salud mental.
¿Qué ayudas recibirán las familias damnificadas?
El plan contempla 500 subsidios de arrendamiento temporal, cada uno con una duración de seis meses, destinados a familias damnificadas que requieran una alternativa de vivienda mientras se atienden las afectaciones. Además, se entregarán kits de ayuda humanitaria de emergencia a los hogares que presenten mayores necesidades. También se realizará la verificación de habitabilidad de las viviendas, dando prioridad a aquellas que colapsaron o que presentan daños que impiden que las familias puedan permanecer en ellas.
¿Qué otras acciones contempla el plan de respuesta?
La Gobernación estableció 45 actividades dentro del Plan de Acción Específico para la Respuesta (PAER), que serán desarrolladas de manera articulada por diferentes sectores de la administración departamental. Entre las acciones están la recuperación de viviendas e infraestructura de salud, la garantía de servicios esenciales, la reparación de acueductos, el suministro alterno de agua en zonas con riesgo de desabastecimiento y la evaluación y reparación de vías y puentes. También se contempla fortalecer la atención en salud mental y el apoyo psicosocial a las comunidades afectadas por el terremoto.
