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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) advirtió que la crisis de financiamiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) sigue profundizándose. Según el análisis más reciente, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha llevado a las aseguradoras a operar con pérdidas sistemáticas.
“El sistema está gastando más de lo que recibe”, señaló la ANDI al presentar las cifras. El gremio recordó que la siniestralidad de la UPC ha superado el 99% desde 2021 y se ha mantenido por encima del 100% desde 2022.
Para el cierre de 2025, la proyección es una siniestralidad del 105,9%. En palabras de la Asociación, “por cada $100 que ingresan a las EPS, estas gastan casi $106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos”. Esto ha generado un déficit operativo estimado en $10,2 billones para esta vigencia.
La ANDI también recordó que en 2024 alertó que la UPC para 2025 debía aumentarse en 16,9%. “Advertimos que si el ajuste se hacía solo con base en la inflación, el hueco sería de $9,8 billones. Eso demuestra que nuestros cálculos eran acertados”, indicó. La Corte Constitucional corroboró esta insuficiencia mediante el Auto 007 de 2025, en el que ordenó al Ministerio de Salud realizar los ajustes técnicos necesarios.
Incremento para 2026
El reporte concluye que la UPC debe incrementarse al menos 15,6% en 2026 para empezar a estabilizar la operación corriente. Cualquier cifra inferior ampliaría la brecha: “cada punto porcentual por debajo significará recortarle al sistema cerca de $890 mil millones en recursos vitales”, advirtió la ANDI.
El gremio señaló que este ajuste es viable financieramente. El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 contempla transferencias a la ADRES por más de $48 billones. “Si estos recursos se destinan estrictamente al aseguramiento y no se desvían a otros programas, el Estado tiene la capacidad de cubrir el ajuste requerido”, explicó.
La Asociación insistió en que es responsabilidad de los ministerios de Salud y Hacienda definir un incremento que reconozca el envejecimiento poblacional y la inflación. “El ajuste de la UPC no es una negociación, es una decisión técnica”, afirmó.
Aumento de reclamos y barreras de acceso
La crisis refleja impactos en el acceso a servicios. Entre enero y septiembre de 2025, las quejas y reclamos (PQRDs) aumentaron 32%, mientras que las tutelas por salud crecieron 22% frente al mismo periodo del año anterior.
Para la ANDI, la insuficiencia de recursos ha dejado de ser un asunto administrativo y se ha convertido en una barrera real para los ciudadanos. Actualmente, el 47% de la población está afiliada a entidades intervenidas.
