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La Aeronáutica Civil expresó su rechazo frente a recientes acusaciones que, según indicó, buscan "afectar la legitimidad de sus decisiones administrativas". La entidad aseguró que los señalamientos que apuntan a que dentro de la Aerocivil habría algunos favorecimientos, carecen de sustento fáctico y jurídico y los calificó como mecanismos de presión basados en injuria y calumnia.
De acuerdo con la entidad, estas acciones estarían orientadas a cuestionar decisiones adoptadas dentro de sus competencias legales, entre ellas la aceptación de una renuncia irrevocable presentada de manera voluntaria por un funcionario de libre nombramiento y remoción.
Rechazo a acusaciones sobre contratación
En relación con las versiones que apuntan a supuestas irregularidades en el manejo de recursos, la entidad desmintió categóricamente dichas afirmaciones. La Aeronáutica Civil sostuvo que todos sus procesos administrativos y contractuales se desarrollan bajo los principios establecidos en la normatividad vigente.
Además, la entidad señaló que la ordenación del gasto, tanto por parte del director general como de sus delegados, se realiza conforme a precedentes judiciales establecidos por las altas cortes. Este cumplimiento, afirmó, permite asegurar la transparencia en la prestación del servicio público esencial del transporte aéreo. En ese sentido, reiteró que no existen prácticas ilegales en los procedimientos internos relacionados con la gestión de recursos.
Señalamientos en medio de coyuntura electoral
La Aeronáutica Civil también hizo referencia al contexto en el que surgen estas acusaciones. Indican que “no tolerarán el uso de la injuria y la calumnia como herramientas de desprestigio político, especialmente en el marco de la coyuntura electoral del país". Según la entidad, algunos sectores estarían utilizando este tipo de señalamientos para generar desconfianza institucional y afectar el funcionamiento del Estado.
De acuerdo con lo manifestado, la difusión de आरोपaciones sin fundamento impacta directamente el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. La entidad advirtió que la criminalización de las instituciones públicas sin pruebas puede debilitar la confianza ciudadana y entorpecer la prestación de servicios.
Acciones legales y llamado a investigaciones
Frente a esta situación, la Aeronáutica Civil anunció que acudirá a instancias judiciales para defender su buen nombre y el de sus funcionarios. La entidad informó que emprenderá acciones legales con el fin de esclarecer los hechos y responder a los señalamientos realizados por terceros. Asimismo, invitó a la ciudadanía a consultar únicamente fuentes oficiales de información para evitar la difusión de versiones no verificadas.
En paralelo, la institución hizo un llamado a los entes de control y autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes. La Aeronáutica Civil manifestó su disposición a que se verifique que no ha existido intención de favorecer a grupos o clanes en procesos de contratación estatal. Según indicó, esta apertura busca garantizar transparencia y despejar cualquier duda sobre su gestión.
La entidad reiteró su compromiso con el cumplimiento del orden jurídico y constitucional. Subrayó que continuará trabajando bajo principios de respeto a los derechos fundamentales, la dignidad humana y la legalidad en todas sus actuaciones.
¿Qué hay detrás de la renuncia del jefe jurídico?
La renuncia de Farid Stemberg Parra Caro, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se da en medio de versiones difundidas en redes sociales que apuntan a presuntas presiones dentro de la entidad para favorecer decisiones administrativas. En publicaciones algunas publicaciones se señala que el funcionario habría optado por apartarse del cargo, supuestamente tras negarse a direccionar procesos y beneficiar intereses “Clan Torres”, afirmaciones que no han sido confirmadas oficialmente por la entidad o el funcionario.
Su salida fue formalizada mediante una resolución firmada el 13 de abril de 2026 por el director general de la Aeronáutica Civil Luis Alfonso Martínez Chimenty, en la que se acepta la renuncia presentada por el funcionario. El acto administrativo indica que la dimisión fue radicada por escrito, de forma voluntaria, conforme a las disposiciones legales que regulan el retiro del servicio público.
El documento también precisa que Parra Caro había sido nombrado en diciembre de 2025 y que su salida se hizo efectiva a partir del 14 de abril de 2026. Según la entidad, esta decisión fue comunicada a las dependencias internas encargadas de adelantar los trámites administrativos correspondientes, en línea con los procedimientos establecidos para este tipo de desvinculaciones.
