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El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, le exigió a los secretarios de salud del país que garanticen la correcta prestación de los servicios a los cerca de 2 millones de afiliados en los 21 departamentos, donde dejarán de operar las EPS Cruz Blanca, Emdisalud y Saludvida.
“No es posible que estemos corrigiendo el rumbo y la red pública o la privada nos cierren las puertas, por eso quiero enviarles un mensaje claro a los prestadores, no pueden cerrar la red, tienen que seguir atendiendo la población durante los próximos 15 días, mientras se materializa el traslado de los usuarios a sus nuevas EPS”, advirtió Aristizabal.
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El anuncio lo realizó en el marco de una reunión con los representantes de la red prestadora de servicios de estas entidades de salud las cuales se encuentran en proceso de liquidación.
En el encuentro estuvieron presentes los representantes de cerca de 91 clínicas y hospitales, que hacen parte de la red prestadora de servicios.
La orientación de la Supersalud está enfocada en adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la vida de los afiliados, hasta tanto se haga efectivo el proceso de traslado a las demás EPS que desde el 1 de noviembre tendrán la responsabilidad de asegurarlos.
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Aristizabal a su vez, se comprometió con la red a actuar como garante para que el flujo de recursos llegue a las clínicas y hospitales que prestarán sus servicios durante los próximos 15 días.
“Necesitamos la materia prima, ustedes como prestadores nos permiten garantizar la vida y la salud de los usuarios, si trabajamos en conjunto minimizamos el riesgo de un colapso del sistema”, agregó Aristizábal.
Dijo que “nuestra tarea es garantizar que, hasta el último día de operación de las EPS Emdisalud, Cruz Blanca y Saludvida, cada uno de los usuarios reciba los servicios requeridos sin barreras administrativas y de manera oportuna”.
El Superintendente también se comprometió a realizar un acompañamiento para verificar el estado de la contratación con la red de prestadores, programar mesas de flujo de recursos para garantizar el reconocimiento de deudas y el pago de acreencias a la red pública y privada.
