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En las últimas horas, el gobierno reguló el uso de vapeadores tras la firma de la ley 2359 del 2024, donde estableció condiciones y reglas sobre su uso.
Uno de los puntos celebrados por varios sectores es la prohibición de la venta de estos dispositivos a menores de edad.
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Asimismo, la ley busca regular el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, incluyendo los sistemas electrónicos de administración de nicotina, tabaco, sus derivados o imitadores.
También se establecieron lugares donde no se podrá hacer uso de estos productos, cuyo uso se ha comprobado científicamente que es un riesgo para la salud.
La ley prohíbe el consumo en áreas cerradas de lugares de trabajo y/o lugares públicos, tales como bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, cibercafés, hoteles, pubs, casinos, zonas comunales y áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otros.
Los lugares donde queda prohibido el uso de vapeadores incluyen:
Entidades de salud.
Instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles.
Museos y bibliotecas.
Establecimientos donde se atiendan a menores de edad.
Medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado.
Entidades públicas y privadas destinadas a cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.
Áreas donde el consumo de productos de tabaco genere un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales inflamables, como estaciones de gasolina, sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares.
Espacios deportivos y culturales.
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Según lo establecido en la ley, las personas que hagan caso omiso de esta norma recibirán una amonestación verbal y una sanción pedagógica que les obligará a asistir a un día de capacitación sobre los efectos nocivos del cigarrillo.
"La Policía Nacional, junto con el Ministerio de la Protección Social, fijará los elementos y recursos necesarios para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente artículo", indica el documento.
Se establece un período de transición de un año a partir del 9 de mayo de 2024.
