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A lo largo del debate la legisladora evaluó la concepción y el tamaño del Estado en nuestro país y los resultados, eficiencia y coherencia de la última reforma administrativa.
Más adelante, revisó conductas de lo que, según ella, es el derroche del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y al final planteó algunas recomendaciones.
“El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” fue la frase del presidente Santos, que la senadora sucreña rescató para empezar el análisis que permitió develar el Estado “derrochón” que en 2015, por ejemplo, crearon 18.273 cargos adicionales, en la rama ejecutiva, frente al total de cargos creados en 2010".
Aseguró que el mandatario ha despilfarrado recursos que en su momento se hubieran podido destinar a sectores que están en crisis.
“Con mirar los planes de desarrollo basta para darse cuenta que «el buen gobierno» del presidente Santos sólo se quedó en el papel: dentro del Plan Nacional de desarrollo 2010-2014 se habló de la necesidad de evaluación periódica, pero no hubo lineamientos para reestructurar la admisión la administración pública. Y en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 no se menciona ningún criterio sobre el tamaño de la rama ejecutiva nacional para enfrentar las nuevas condiciones económicas adversas”.
Segú la investigación de la senadora, la reforma administrativa de 2011 trajo consigo la creación de cuatro altas consejerías presidenciales, tres ministerios, seis agencias, nueve unidades administrativas, dos agencias y un número igual de autoridades nacionales, entre otras entidades.
Para La legisladora, el gobierno de Juan Manuel Santos creo y modificó entidades y cargos sin un lineamiento conceptual del objetivo del estado, aumentando desproporcionadamente los honorarios pagados a miembros de juntas directivas de empresas del Estado que oscilaron entre el 111% y el 1.565 real entre 2009 y 2015.
“Uno de los ejemplos más destacados es el del Ministro de Hacienda quien en 2015, por ejemplo, recibió $178.7 millones por concepto de salario y recibió –en el mismo periodo- por concepto de honorarios por junta directiva $119.9 millones de pesos. Otro ejemplo, es el del exministro de Minas, Tomás González quien recibió $178.7 millones por concepto de salario y recibió –en el mismo periodo- por concepto de honorarios por junta directiva $123.7 millones de pesos. Y así puedo seguir con otros funcionarios…”
La congresista aseguró que el aumento en los gastos generales de la rama ejecutiva no se vio compensado con una mayor eficiencia y que las juntas directivas de las empresas del Estado no pueden significar “ajuste salarial” de algunos ministros.
Al cierre recomendó una reforma tributaria acompañada de una reforma efectiva de gastos generales y de personal, la eliminación del inciso de la ley 4 de 1992, que permite el pago de honorarios a funcionarios públicos por Juntas Directivas de las empresas del Estado, y el acompañamiento de comisiones especializadas del DNP que garanticen sostenibilidad, coherencia conceptual y procedimental.
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