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El abogado Abelardo de la Espriella denunció ante la Corte Suprema de Justicia al senador Gustavo Petro al considerar que no cumplió el fallo judicial que le ordenó rectificar sus acusaciones en contra del congresista Álvaro Uribe Vélez.
El jurista, actuando en representación de Uribe Vélez, denunció a Petro por los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas.
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En su cuenta de Twitter, el abogado entregó detalles de la acción judicial radicada este jueves ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“El Doctor Abelardo De La Espriella en su condición de apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se permite poner en conocimiento de la opinión pública que hoy fue radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la denuncia contra el senador Gustavo Petro, por los delitos de Fraude a Resolución Judicial, Calumnia Directa, e Injuria Indirecta Agravadas”.
(Lea: Petro ante orden de rectificación: juez debe decidir acusación contra Uribe)
En la denuncia se señala que Petro desatendió la orden de rectificación emitida por un juez de la República. El excandidato presidencia aseguró el pasado 24 de agosto en una entrevista con la W Radio que Uribe debería estar preso por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Para De la Espriella, el senador omitió “un fallo de tutela que le da la razón al expresidente Álvaro Uribe Vélez, frente a las afirmaciones calumniosas, injuriosas y difamatorias” del exalcalde de Bogotá.
Sin embargo, en la rectificación ante el mismo medio de comunicación Petro dijo que la orden del juez era rectificar lo dicho y no retractarse, por los cual volvió a insinuar que Uribe debería estar “condenado” y que la justicia deberá definir si existen vínculos con grupos paramilitares.
“Hay indicios fuertísimos, que indican que el presidente Uribe debe ser investigado por delitos de lesa humanidad (...) así lo creyó el Tribunal Superior de Medellín, que compulsó copias”, dijo Petro.
La tutela fallada a favor de Uribe argumenta que él estaba en un “estado de indefensión” por lo cual se le habrían vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la dignidad y presunción de inocencia.
