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Varios senadores de la oposición enviaron al Consejo de Estado una comunicación a través de la cual señalan que habría un desacato de parte del Gobierno al fallo de tutela que ordenó suspender las actividades de la misión del Ejército de Estados Unidos en Colombia.
Los congresistas advierten que se habría incurrido en una “jugadita” para permitir las operaciones de los efectivos norteamericanos, sin que el tema hubiese pasado por aprobación del Congreso.
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En la misiva, los legisladores Iván Cepeda, Jorge Robledo, Antonio Sanguino, Alexander López, Alberto Castilla y Wilson Arias, indican que el Senado jamás autorizó la reanudación de las actividades para las cuales fueron convocados los miembros del Comando Sur, como lo había ordenado el Tribunal de Cundinamarca en un fallo de tutela.
Afirman que la carta que se envió a la Casa de Nariño por parte del entonces presidente del Senado, Lidio García, apoyada por 69 congresistas y en la que se informa sobre el debate de control político que se realizó en la plenaria, es una comunicación informal y no significa que el tema se haya votado en la sesión para autorizar las actividades de las tropas extranjeras.
“La orden de suspensión rige hasta tanto el Senado de la República, no el presidente de esa corporación, menos aún un grupo de congresistas, decida si asume o no su deber funcional, para lo cual debe mediar un acto de la corporación pública, mediante una sesión de la plenaria del Senado, en la que el pleno de la corporación discuta y vote sobre el particular”, indica el documento.
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Para el senador Cepeda, las acciones emprendidas por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pueden constituirse en una falta grave.
“Cualquier desconocimiento de la decisión vigente de paralizar la actividad de las tropas de EEUU en Colombia y pasar por encima de la decisión de la plenaria del Senado es violatoria de la Constitución y puede generar acciones por prevaricato”, manifestó.
Ante esta situación, el congresista anunció que citará a un debate de control político al ministro Trujillo por haber autorizado la reanudación de las actividades de tropas de Estados Unidos en Colombia, pese a la orden impartida por el Tribunal.
Esta denuncia se hace ante el Consejo de Estado porque fue a esa instancia a la que el Gobierno acudió para impugnar el fallo que ordenaba suspender la labor de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB)
