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El Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar de manera completa la información relacionada con los contratos que suscribió Juliana Guerrero, designada en su momento como viceministra de Juventudes, en el marco de un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior.
Orden judicial para entregar información completa
La decisión se produce tras los requerimientos de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien había solicitado en varias ocasiones los soportes y documentos que sustentan la contratación de Guerrero.
Según el fallo, la UIS deberá entregar “de forma expresa, clara y concisa” los criterios utilizados para seleccionar a la hoy funcionaria como enlace territorial de las actividades relacionadas con espacios de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana.
El Tribunal precisó que la información requerida incluye los soportes de ejecución, los informes del supervisor o interventor y los anexos relacionados con el convenio interadministrativo.
El convenio entre el Ministerio del Interior y la UIS
El convenio en cuestión tuvo un costo de $14.500 millones y fue adjudicado en un plazo de ocho días. Su objeto era realizar actividades para la consolidación e implementación de rutas metodológicas de convivencia y seguridad ciudadana en distintos territorios del país, con el propósito de fortalecer las capacidades de gestión territorial en materia de convivencia y seguridad humana.
Juliana Guerrero fue contratada como apoyo, gestión y asistencia técnica en esas actividades, con una remuneración promedio de $12 millones mensuales. Sin embargo, de acuerdo con los documentos recopilados, existen dudas sobre la presencia efectiva de Guerrero en la UIS y sobre el conocimiento que las personas relacionadas con el proyecto tenían de su labor.
Requerimientos de la congresista Jennifer Pedraza
El 5 de septiembre pasado, la UIS respondió parcialmente a la solicitud de información. No obstante, la congresista insistió mediante un nuevo escrito al considerar que la respuesta no incluía todos los detalles del proceso de contratación.
Ante esa insistencia, el Tribunal resolvió que la universidad debe entregar todos los documentos y criterios que sustentaron la vinculación de la actual viceministra.
Dudas por la Ley de Garantías
El proceso también ha generado cuestionamientos sobre un posible incumplimiento de la Ley de Garantías, debido a que el 22 de septiembre de 2023, en plena campaña electoral, se ordenó la elaboración del convenio interadministrativo.
Además de las dudas sobre la contratación, Juliana Guerrero ha enfrentado críticas por presuntamente haber usado aeronaves de la Policía y el Ejército para fines personales, aunque sobre este punto no existe pronunciamiento oficial.
