Tensión entre Petro y Galán por bloqueos: “La protesta no puede ser violenta”
Presidente Gustavo Petro y alcalde Carlos Fernando Galán en controversia por protestas en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, protagonizan un nuevo cruce de declaraciones luego de que Galán anunció acciones legales contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, quien admitió que las protestas incluyeron actos vandálicos y bloqueos organizados al transporte público.
Carlos Fernando Galán defendió su postura asegurando que no busca restringir el derecho a la protesta, sino proteger los derechos de todos los ciudadanos, esto tras los recientes bloqueos al sistema TransMilenio durante manifestaciones en la capital.
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“Bienvenido el debate, presidente. Es un debate que el país debe dar; démoslo con transparencia y con la información completa. Dígame, ¿usted está de acuerdo con que 200-300 personas, en muchos casos encapuchadas, se coordinen para bloquear el sistema de transporte público por varias horas (en algunos casos hasta 8 horas), impidiendo que más de 2 millones de personas puedan ir al trabajo, a su lugar de estudio o asistir a una cita”, dijo.
Petro criticó esa decisión judicial con un mensaje publicado en redes sociales: “el nuevo liberalismo era nuevo, no fascismo, en mi gobierno no se criminaliza la protesta social, eso es de dictaduras, no de democracias. Bogotá no necesita de peñalosas jugando a las convivir”.
La respuesta del alcalde no tardó. Además, subrayó que en Bogotá se protege la protesta, pero esta debe realizarse dentro de los límites establecidos por la ley y las cortes.
“En Bogotá se garantiza y protege el derecho a la protesta, pero entendemos que éste no es ilimitado, como han dicho la Corte Constitucional y la CIDH en varias oportunidades. La protesta no puede ser violenta ni desproporcionada; ese es el centro del debate”, agregó.
Mientras Petro defiende una visión el derecho a manifestarse, incluso si implica bloqueos temporales, Galán sostiene que esos actos no pueden vulnerar los derechos de millones de ciudadanos que no participan en las movilizaciones.