Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, denunció a Petro y a Roy Barreras
Socorro Oliveros los acusa de haber incurrido en violación de los topes de gastos de campaña.
Según el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña presidencial de Rodolfo Hernández ha sido la que menos ha gastado con más de 3.000 millones de pesos.
El ingeniero Hernández ha dicho que su candidatura ha sido una de las más austeras y que le ha ahorrado al Estado colombiano mucho dinero, teniendo en cuenta que el tope de reposición de votos es de alrededor de 27.000 millones de pesos.
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En medio de esta situación, Socorro Oliveros, esposa del aspirante presidencial, presentó una denuncia penal en contra del candidato Gustavo Petro y del senador Roy Barreras, para que se investigue si incurrieron en violación de los topes de financiación de campaña.
“He radicado dos denuncias penales contra Gustavo Petro y Roy Barreras por los delitos de violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral, así como fraude procesal. Respondan a la justicia”, reveló Oliveros en su cuenta de Twitter.
Las denuncias están sustentadas en las revelaciones que se han hecho en los últimos días, sobre algunos recursos que supuestamente habrían ingresado a la campaña de Petro y que no fueron reportados.
“Estas denuncias se basan en los videos publicados esta semana por los medios de comunicación. En estos, se aprecian conversaciones que dan cuenta sobre aportes realizados por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro, que no aparecen en los registros de aportes a campaña entregados al Consejo Nacional Electoral”, indicó en el documento.
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“Se puede colegir, sin duda, que estos hechos eran conocidos por los hoy denunciados y otros miembros directivos de la Campaña del Candidato Senador Gustavo Petro”, añade la denuncia publicada por la esposa de Rodolfo Hernández.
Las denuncias fueron instauradas ante la Corte Suprema de Justicia por tratarse de dos actuales senadores de la República y ante la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay particulares involucrados en estas presuntas irregularidades.