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El odontólogo Luis Fernando Suárez, que desde el pasado primero de enero fue nombrado como secretario de Gobierno de Antioquia, asumió este sábado su cargo de gobernador encargado luego de la suspensión de Aníbal Gaviria Correa, a quien la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento.
En el recinto donde se realizó la posesión estaba la mesa directiva de la Asamblea departamental y un grupo de funcionarios del gabinete de Gaviria Correa, que, guardando el distanciamiento obligatorio, llegaron con pancartas con el mensaje de 'Unión' en señal de apoyo al dirigente político que es investigado por presuntas irregularidades en la firma de un contrato que data del año 2005.
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Durante el acto protocolario, Rubén Darío Callejas Gómez, presidente de la Asamblea, instó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a actuar con la misma velocidad "en todas y cada una de las investigaciones judiciales del ente que él representa".
La designación de Luis Fernando Suárez la confirmó el presidente Iván Duque por medio de un decreto que se dio a conocer en la noche de este viernes.
El diputado calificó la designación de Suárez como un acto coherente y pragmático del presidente de la República, al tiempo que le manifestó al gobernador encargado que “el desarrollo de Antioquia no se detendrá por este suceso y lamentable impase que tenemos por estos días”.
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Suárez es una de las personas más cercanas al gobernador suspendido. Trabajó con él en la Alcaldía de Medellín en el periodo 2012 - 2015; en ese cuatrienio se desempeñó como alcalde encargado, fue secretario privado y también vicealcalde de Seguridad.
El gobernador encargado de Antioquia es especialista en epidemiología de la Universidad CES y ha estado al frente de entidades como la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Hospital Mental de Antioquia.
La suspensión de Aníbal Gaviria
Este viernes, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra el gobernador Aníbal Gaviria Correa. Según las investigaciones adelantadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el político antioqueño habría incurrido en irregularidades en la firma de dos adiciones a un contrato de más de 41.000 millones de pesos para realizar mejoras en un tramo de la Troncal de la Paz, durante su primer periodo como gobernador (2004-2007).
