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A propósito de la polémica que se ha generado por la presencia de jefes criminales en el evento que lideró el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Medellín, en el Congreso de la República se hundió un proyecto de ley que buscaba garantizar un sistema jurídico para la desmovilización de las organizaciones delincuenciales.
Aunque el mandatario ofreció beneficios jurídicos a los miembros de estas bandas que delinquen en la capital de Antioquia, actualmente no existen herramientas legales que le permitan al Gobierno Nacional, adelantar este propósito, según advirtieron en el Congreso.
La iniciativa buscaba ampliar la ley de Justicia y Paz para que los miembros de estas bandas pudieran recibir determinadas prerrogativas, a cambio de contar la verdad y dejar de lado de la violencia, pero la propuesta no tuvo acogida en el Congreso.
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El autor de la misma, el senador Antonio Correa, confirmó que volverá a presentar el proyecto el próximo 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura. “Sí, vamos a esperar el 20 de julio para radicar nuevamente la reforma a la Ley 975, que busca dinamizar el proceso de justicia y paz y dar el cierre definitivo que tanto se necesita para las víctimas y para establecer la verdad de nuestro país”, dijo.
No obstante, en el Congreso de la República no hay ambiente hasta el momento para que un proyecto de ley de esta naturaleza salga adelante. El senador Alfredo Deluque afirma que el Gobierno lo que debe hacer es garantizar el combate a la criminalidad.
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“Ya el Congreso lo ayudó con su ley de paz total y la paz total fue un completo fracaso. Así que no creo que vaya a tener posibilidades en el Senado de la República una ley adicional que quiera pretender dar más beneficios a los criminales en el país. Lo que necesitamos es fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y ya dejar de ser complacientes con los criminales”, sostuvo.
El presidente Gustavo Petro dijo que le iba a pedir a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, adelantar una vista a las cárceles en Medellín, para tratar de encontrar caminos jurídicos que permitan que, a cambio de beneficios, los criminales dejen las armas y la violencia.
