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Este lunes en la tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó la decisión sobre la campaña del presidente Gustavo Petro, esto en respuesta a la solicitud de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien es cercana al Pacto Histórico, de rotar el expediente, por lo que su petición ha sido calificada como un intento de dilatar el proceso.
Ante esta situación, en entrevista con La FM de RCN Radio, Pedro Felipe Gutiérrez, exmagistrado del CNE, se pronunció sobre este hecho y si efectivamente se trataría de una maniobra dilatoria.
"Los magistrados tienen derecho a conocer cuáles son los soportes del proceso y revisar la ponencia que se está presentando", explicó Gutiérrez, señalando que este derecho es esencial en la toma de decisiones. Sin embargo, también advirtió que en algunos casos pueden surgir "intereses particulares" que dilaten el avance del proceso, una práctica que, aunque no común, "se puede dar".
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El exmagistrado subrayó que el reglamento interno del CNE permite que los magistrados soliciten el expediente para estudiarlo en mayor profundidad como parte del procedimiento habitual: "Está previsto que, como parte del proceso, los magistrados en rotación puedan pedir el expediente para revisarlo", comentó, añadiendo que esto tiene respaldo legal.
Una de las preguntas que genera mayor inquietud es por qué, después de varios meses, se está pidiendo una rotación justo cuando la ponencia está a punto de ser revisada. "Lo único que se puede discutir es por qué se está solicitando una rotación cuando hay una ponencia de hace varios meses. La única explicación es que la ponencia se haya modificado netamente antes de someterla a revisión", manifestó Gutiérrez.
¿Qué procedimiento sigue el CNE?
El proceso sancionatorio, en este caso, se regiría por el artículo 47 del Código, que establece plazos específicos para presentar descargos y pruebas. Según Gutiérrez, una vez formulados los cargos, "el administrado tendría un plazo de 15 días para presentar sus descargos y defenderse".
Además, indicó que podrían surgir incidentes de nulidad, los cuales señalarían posibles irregularidades dentro del trámite administrativo.
Por último, Gutiérrez advirtió que una eventual sanción a la campaña por violación de topes generaría un "hecho jurídico" que permitiría a otras autoridades, como la Fiscalía, intervenir en el caso. "Si el Consejo Nacional Electoral declara la violación de los topes de la campaña, eso ya genera un hecho jurídico que permite a otra autoridad pronunciarse eventualmente", concluyó.
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La decisión de aplazar el proceso sigue generando expectativas, ya que el desenlace podría tener implicaciones no solo administrativas, sino también penales para los involucrados.
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