Se cae propuesta de quitar facultad a la Corte de investigar congresistas

Quedó radicada en el Congreso la ponencia de la reforma a  la Justicia para primer debate, proyecto que entre otras cosas pretende modificar el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.

La iniciativa propone crear un Tribunal de Aforados que se encargue de procesar a personajes como el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo, entre otros, con excepción de los congresistas, que seguirían bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.

Es decir, a última hora se cayó la polémica propuesta que se venía estudiando para quitarle la facultad a ese alto tribunal de indagar a los parlamentarios.

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El senador Germán Varón Cotrino explicó que ese planteamiento no va porque “una sentencia establece que cualquier tribunal diferente al que los congresistas tienen, que es la misma Corte, se considera una sustitución de la Constitución".

"En la reforma al equilibrio de poderes se había presentó y la Corte Consideró que violaba la autonomía de la Rama Judicial”, indicó Varón Cotrino.

El senador también reconoció que el Gobierno y varios congresistas quieren insistir en incluir el artículo que les cambiaría el juez a los legisladores.

“Es lo lógico que insistan, porque es un aforamiento que existe y que debería ser igual para todos aquellos que tienen una condición especial de competencia para ser investigados. Varios de Cambio Radical tienen el interés de meter esto en el Tribunal de Aforados”, manifestó.

El Tribunal de Aforados estará conformado por dos salas, una de primera y otra de segunda instancia y cada una tendrá tres magistrados. Se le otorgan facultades a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las indagaciones y la acción penal contra los altos funcionarios.

Se mantiene la Comisión de Acusación y las funciones de la Cámara de Representantes para adelantar las investigaciones contra el Presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, los integrantes del Tribunal de Aforados y el Fiscal General de la Nación.

El artículo propuesto en la ponencia quedó así:

"El Tribunal de Aforados será un órgano judicial adscrito al Congreso de la República, el cual conocerá de las causas penales que le remita el Senado de la República de conformidad con el artículo 175.

Estará conformado por una Sala de Primera Instancia integrado por tres miembros, y una Sala de Segunda Instancia conformada por otros tres miembros. Para cada Sala, un miembro será nombrado, previa convocatoria pública, por el Presidente de la República, otro por el Congreso de la República y otro por la Comisión de Carrera Judicial. Los miembros del Tribunal de Aforados deberán cumplir los mismos requisitos previstos para los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Remitida la acusación por el Senado de la República, el Fiscal General de la Nación o su delegado adelantará la investigación y ejercerá la acción penal, salvo que el acusado sea el Fiscal General de la Nación, caso en el cual la investigación y acusación corresponderán a un fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia."

La ponencia de la reforma judicial también plantea la eliminación de las funciones electorales de los altos tribunales. Se propone el precedente judicial para unificar jurisprudencia sobre determinados temas y se entregan facultades temporales a notarios y otras autoridades administrativas para fallar procesos judiciales sencillos y así descongestionar la rama.