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Una nueva declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, vuelve a poner sobre la mesa la relación entre las estructuras paramilitares y el poder político en el Magdalena. Esta vez, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y fundador del denominado 'Frente Pivijay', Saúl Severini Caballero, entregó detalles sobre la manera en que las AUC, según su reciente versión, buscaban controlar instituciones públicas, contratos y recursos para sostener su estructura armada.
El relato, que se conoció en videos de la audiencia, apunta a una estrategia que iba mucho más allá del control territorial por medio de las armas y es que los paramilitares, al parecer, tenían como objetivo influir en alcaldías, la Gobernación y otros cargos públicos, utilizando posteriormente la contratación estatal como una de las vías para obtener recursos.
“Lo que sí está claro es que la intención de las autodefensas era tener todo el manejo de alcaldías, gobernaciones y cualquier cargo público que se generara en todas esas zonas, ellos poderlos manejar”, declaró Saúl Severini ante la JEP al referirse a los acuerdos políticos de Chibolo y Pivijay.
La contratación pública, en el centro de la versión
Uno de los elementos más relevantes del testimonio está relacionado con la presunta utilización de organizaciones para canalizar recursos públicos hacia las estructuras paramilitares.
En particular, Severini mencionó a la fundación ‘Mujeres de la Provincia’, que, según su declaración, estaba encabezada por alias ‘Sonia’ y habría servido para gestionar y "ejecutar contratos públicos cuyos recursos terminarían destinados al financiamiento de la guerra".
La versión entregada ante la JEP se suma a los antecedentes que existen sobre la penetración de las estructuras paramilitares en la contratación pública del Magdalena durante finales de los años 90 y comienzos de los 2000.
Investigaciones previas ya habían documentado el papel que habría cumplido la Fundación 'Mujeres de la Provincia' dentro de las redes de poder paramilitar en el departamento. Un estudio académico sobre el fenómeno incluso la identifica como parte de las estructuras utilizadas para establecer formas de control político y territorial en el Magdalena.
El propio historial judicial de la época también ha dejado documentadas investigaciones sobre la influencia de las AUC en elecciones, administraciones municipales y contratación pública del departamento.
¿Querían controlar la Universidad del Magdalena y asesinar a Carlos Caicedo?
En medio de ese relato aparece la Universidad del Magdalena. De acuerdo con la versión entregada por Severini, las estructuras paramilitares habrían logrado incidir en diferentes espacios de la administración pública, pero no habrían conseguido el mismo control sobre los recursos de la Universidad del Magdalena durante el periodo en que Carlos Caicedo estuvo al frente de la institución como rector, entre 1997 y 2006.
Y es precisamente en este punto donde aparece uno de los señalamientos más graves de su declaración y es que Severini aseguró ante la JEP que habría existido un plan para asesinar a Carlos Caicedo con el propósito de presuntamente facilitar el control de la universidad.
“El señor Trino Luna quería que asesinaran a Carlos Caicedo, en varias oportunidades lo escuché hablar sobre eso. Él habla que lo iba a mal informar para que las autodefensas lo asesinaran (…) Trino Luna quería, dicho por él, que asesinaran al señor Caicedo para él tomarse el mando de la Universidad, o sea, poner un rector de él y manejarla”, afirmó Severini.
La declaración atribuye directamente esa intención al entonces gobernador del Magdalena Trino Luna Correa, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2007 y posteriormente fue condenado por sus supuestos vínculos con estructuras paramilitares.
Es importante precisar que se trata de un señalamiento realizado por Severini dentro de su declaración ante la JEP y que corresponde a las autoridades competentes establecer las responsabilidades individuales que se deriven de estos testimonios.
¿Por qué la Universidad era tan importante?
Según la versión del exparamilitar, detrás de la supuesta intención de controlar la Universidad del Magdalena estaba el manejo de sus recursos.
Severini aseguró que, en las conversaciones que habría escuchado, Luna hacía referencia al presupuesto de la institución y a la posibilidad de poner un rector que respondiera a sus intereses.
“Los comentarios que él hacía era que la universidad manejaba mucho dinero, y ese era el atractivo para Trino Luna”, señaló el exjefe paramilitar.
En su relato, Severini también relacionó la supuesta confrontación con Carlos Caicedo con su pasado político e ideológico y con las diferencias que, según dijo, existían alrededor de la administración de la Universidad.
La Universidad del Magdalena se encontraba entonces en un escenario particularmente complejo, en medio de la violencia que afectó a estudiantes, profesores y directivos durante los años de mayor presencia paramilitar en el departamento.
Los homicidios que marcaron a la Universidad
Es válido recordar que, durante ese periodo fueron asesinados el líder estudiantil Hugo Maduro, el vicerrector Julio Otero y el decano Roque Morelli, crímenes cometidos entre 2000 y 2002 y que durante años estuvieron rodeados de señalamientos contra diferentes actores.
Y precisamente en ese tiempo, Trino Luna, en declaraciones anteriores ante la JEP, había involucrado a Carlos Caicedo en estos hechos. Sin embargo, una investigación de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia fue cerrada en 2023 por "falta de elementos que permitieran responsabilizar a Caicedo como determinador de los homicidios", según la información suministrada en el material de origen.
Incluso en el en 2025 la JEP reconoció a Carlos Caicedo como "víctima del conflicto armado", dentro del Caso 08, relacionado con crímenes cometidos por agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
La Sala de Reconocimiento concluyó que los hechos de estigmatización, persecución judicial y hostigamiento sistemático denunciados por Caicedo no constituían hechos aislados, sino que hacían parte de una estrategia de exclusión política estructural.
La decisión le permitió a Caicedo participar como interviniente especial dentro del proceso de justicia transicional. Y ese antecedente resulta relevante para entender el alcance de la declaración de Severini, en el sentido de que este exparamilitar ahora habla de un supuesto plan para asesinar al entonces rector, mientras que la JEP ya había establecido que Caicedo fue "víctima de una persecución política" y judicial en el contexto del conflicto.
Una pieza más en el rompecabezas de la parapolítica
El testimonio de Saúl Severini se suma a otras declaraciones entregadas ante la JEP que han descrito cómo las estructuras paramilitares del Magdalena buscaban influir en la administración pública y en la política regional.
En 2022, por ejemplo, el exgobernador Trino Luna entregó ante la JEP una extensa declaración sobre sus vínculos con las AUC y sobre el direccionamiento de contratación pública. En ese relato mencionó, entre otros aspectos, la designación de funcionarios en hospitales y la influencia de jefes paramilitares en distintas entidades del departamento.
La diferencia ahora está en el relato de Severini, desde la perspectiva de quien integró directamente una estructura paramilitar y ahora su declaración busca explicar cómo funcionaba ese esquema de poder desde el territorio y cuáles eran sus objetivos frente a las instituciones.
Las claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué reveló Saúl Severini ante la JEP?
El exjefe paramilitar aseguró que las AUC buscaban controlar alcaldías, la Gobernación y otros cargos públicos en el Magdalena, y que la contratación estatal habría sido utilizada para financiar la estructura armada.
¿Qué papel habría tenido la Fundación Mujeres de la Provincia?
Según Severini, la organización, encabezada por alias ‘Sonia’, habría gestionado contratos públicos cuyos recursos, de acuerdo con su declaración, terminaban financiando la actividad paramilitar.
¿Por qué aparece Carlos Caicedo en el testimonio?
Severini aseguró que el entonces gobernador Trino Luna quería que asesinaran a Carlos Caicedo para poder controlar la Universidad del Magdalena, poner un rector de su confianza y manejar los recursos de la institución. Es un señalamiento hecho por el exparamilitar ante la JEP y no una responsabilidad judicial establecida contra Luna por este testimonio.
¿Pero qué ha dicho la JEP sobre Caicedo?
En 2025, la JEP acreditó a Carlos Caicedo como víctima del conflicto armado dentro del Caso 08 y concluyó que sufrió una estrategia de exclusión política que incluyó estigmatización, persecución judicial y hostigamiento sistemático.
