Ratifican destitución e inhabilidad por diez años contra la excongresista Aida Merlano

La sanción de destitución e inhabilidad por diez años contra la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue ratificada por la Procuraduría General de la Nación.

Esta decisión de la Procuraduría dejó sin argumento la solicitud de la defensa de la dirigente política de la Costa Atlántica que buscaba que fuera suspendida la decisión tomada en el año 2020.

Puede leer también: Gustavo Petro pedirá que Aida Merlano sea extraditada a Colombia

Mediante decisión de la Procuraduría General de la Nación, fue confirmado la totalidad del fallo en contra de la excongresista Aida Merlano.

La solicitud de los abogados de la dirigente política del departamento del Atlántico, Aida Merlano, fue analizada en una sala donde tuvieron asiento las Delegadas Disciplinaria de Instrucción, la Segunda para la Vigilancia Administrativa, para la Fuerza Pública y la de Funciones Mixtas para el Ministerio Público en Asuntos Penales, y la conclusión fue ratificar la sanción de destitución e inhabilidad de diez años.

También en la decisión de la Sala de la Procuraduría se concluyó que no habían elementos de peso jurídico que respaldar la solicitud de la defensa de Merlano.

Le puede interesar: Aida Merlano reapareció en audiencia contra Julio Gerlein: “dio $12.000 millones para comprar votos”

De esta manera, la decisión de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación, fue la de mantener de manera íntegra lo expuesto y confirmar que Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República.

Dentro de la decisión en contra de la excongresista Aida Merlano, la Procuraduría trajo a cuenta la decisión de la Corte Constitucional que reconoce el marco legal para sancionar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular por actos de corrupción.

Este mismo marco de viabilidad para juzgar a estos funcionarios públicos, lo había confirmado el Consejo de Estado, por lo que rechazó los argumentos conocidos en casos de otros funcionarios investigados y sancionados.

En materia concluyente, el organismo de control en su decisión informa que se respetó el derecho fundamental al debido proceso y que el asunto pasa a ser cosa juzgada.