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Richard Aguilar, integrante de Cambio Radical, ingresa al Senado por la puerta grande, punteando en las listas de la colectividad.
"Y créanme, la tengo clarísima, me van a cascar por mi papá pero yo soy yo, yo soy Richard Aguilar… y por favor no más populismo, no más peleas, no más desinformación, los colombianos queremos escuchar propuestas y nosotros vamos a proponer”, señaló Richard Aguilar a través de este video.
La familia Aguilar, de gran prestigio electoral en Santander, tiene en el Senado a Mauricio Aguilar en el partido Opción Ciudadana. Aún así, Richard Aguilar buscó llegar al Congreso en la lista de Cambio Radical.
El hijo de la familia Aguilar dijo que sabía que lo iban a "cascar" por lo que estaba sucediendo con su padre Hugo Aguilar, quien en febrero pasado fue dejado en libertad pese a las investigaciones que en su contra cursa la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
La Procuraduría advierte que en el proceso que se adelanta contra el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, existen suficientes pruebas de enriquecimiento ilícito como funcionario público.
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El Ministerio Público no comparte que Aguilar Naranjo sea procesado por enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, y a través de la Delegada de la Procuraduría asumirá la representación en el proceso y de ser necesario intervendrá en la reformulación de los cargos.
Para la Procuraduría, que procesalmente no puede imputar un nuevo delito, el exgobernador de Santander debe responder por el incremento injustificado de su patrimonio desde el año 2000 hasta 2015, por lo que para el ente de control estaría justificada una medida de aseguramiento intramural si se modifica el delito por el de enriquecimiento ilícito de servidor público.
Aguilar Naranjo fue diputado entre 2001 y 2002 y gobernador de Santander entre 2004 y 2007. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y fue destituido e inhabilitado por 20 años por la Procuraduría.
En el caso de la Fiscalía General de la Nación, el ente acusador estableció que, a través de presuntas triangulaciones comerciales con algunos integrantes de su núcleo familiar y terceras personas, habría intentado legalizar y ocultar recursos obtenidos por su relación con estructuras del desmovilizado Bloque Central Bolívar de las autodefensas.
Las indagaciones permitieron conocer que no existe justificación ni soporte frente a $2.500’000.000 que harían parte del capital del exfuncionario y evidenciaron ingresos elevados en algunos de sus familiares, de los que se desconoce el origen.
