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Aunque más de 50 congresistas presentaron una propuesta encaminada a otorgar una renta básica a las familias más vulnerables en medio de esta pandemia, la misma no fue aceptada por el Gobierno.
Así lo revelaron los propios senadores que impulsaban esta iniciativa, quienes advirtieron que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, les señaló que no tienen los recursos para entregarle un subsidio de un salario mínimo a más de 7 millones de familias por tres meses.
El senador del partido de la U, Armando Benedetti cuestionó duramente al alto funcionario y lo acusó de preocuparse solamente por los más ricos de este país.
“Carrasquilla ya dijo que no quiere dar un salario mínimo durante tres meses a 7 millones de personas. A él no le gusta la economía para los pobres, lo que sí le gusta es darle billones y billones de pesos a los bancos”, indicó.
El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, dijo que es lamentable que no se priorice el sustento de los ciudadanos en medio de la crisis.
“El ministro lo que nos dijo es que la propuesta es muy interesante, está muy bien planteada, bien expuesta. Sin embargo, esto desborda las posibilidades del Gobierno y del Estado y habría que pensar algo así pero para otro momento del país y en este momento, según nos dijo, no lo considera viable”, sostuvo Marulanda.
El Partido Farc afirmó que el Gobierno se está burlando de la gente y trinó una foto del ministro Alberto Carrasquilla con el siguiente mensaje irónico: “Renta básica para hogares sí, pero no en esta emergencia”.
Por su parte, el senador conservador Efraín Cepeda continuó denunciando los abusos que, según él, siguen cometiendo las entidades financieras en medio de esta crisis.
“Inadmisible que bancos continúen aprovechando emergencia para seguir enriqueciéndose. Cobro de $2.100 por transferencia de Ingreso Solidario a cerca de 3 millones de personas= $6 mil millones aprox. ¡Qué abuso! Esos recursos del Gobierno deben destinarse a salud y salvar empleos”, manifestó.
La propuesta impulsada por más de 50 congresistas le hubiese costado al Estado alrededor de 2 puntos del PIB (Producto Interno Bruto). Sin embargo, los parlamentarios anunciaron que seguirán luchando para que dicho subsidio sea una realidad.
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