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Los representantes Juan Felipe Corzo del Centro Democrático y Betsy Pérez de Cambio Radical, presentaron a la Comisión Séptima de la Cámara una solicitud de prórroga para radicar la ponencia negativa de la reforma pensional.
Los congresistas argumentaron que el proyecto consta de 95 artículos, y que posee “una gran significación en cuanto al impacto político, social y económico por las implicaciones de su contenido y disposiciones. Consideramos que es fundamental para el ejercicio de la democracia y para la construcción de una ponencia, obtener todos los insumos posibles desde las distintas ópticas y posturas de actores, vinculados y/o afectados por el Proyecto de Ley del asuntos”.
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Sin embargo, la mesa directiva que lidera la representante Liberal María Eugenia Lopera determinó que esta solicitud no es viable, teniendo en cuenta que “el proyecto es de interés nacional y está próximo a cumplir sus dos legislaturas”.
“Resulta oportuno tener en cuenta algunas consideraciones a saber: a) la cercanía de la terminación de la Legislatura 2023-2024 siendo este un proyecto de ley que viene del Senado; b) la alta importancia del proyecto de ley al ser de interés nacional, y, c) A la fecha los demás ponentes del proyecto de Ley incluida la Coordinadora ponente no han solicitado prórroga para la radicación de la ponencia”, se lee en un oficio remitido a los dos representantes ponentes.
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La oposición pidió garantías para el debate y criticó varios aspectos en torno a la radicación de la ponencia mayoritaria de la reforma pensional la mañana de este viernes en la Comisión Séptima.
“Desde la oposición exigimos garantías para dar un debate serio y riguroso sobre un tema de tanta trascendencia para los colombianos”, manifestó el representante Andrés Forero a la vez que criticó la presencia de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la ponencia, argumentando que “esto implica pasar por encima de la sana división de poderes y de la autonomía de la Rama Legislativa”.
Asimismo, desde varios sectores critican que el Ministerio de Hacienda no haya allegado el impacto fiscal del texto que fue aprobado en el Senado de la República.
