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Este 20 de junio es la última oportunidad para la polémica reforma laboral, pues debe superar su primer debate antes de finalizar la legislatura para que pueda continuar su discusión el próximo semestre.
Sin embargo, una nueva jugada de la oposición la puso en jaque. Una ciudadana de nombre Manuela Gil, radicó una recusación contra los 21 congresistas que integran la Comisión Séptima de la Cámara, argumentando que estarían impedidos para discutir el proyecto porque son empleadores y además tienen a su cargos unidades de trabajo legislativo, por lo que podría existir conflicto de interés.
“Todos los honorables Representantes de la Comisión Séptima de la Cámara son empleadores o al menos de sus UTL y pueden ser beneficiados de la aprobación del proyecto de Ley. Todos tienen familiares dentro del segundo grado de consanguinidad, primero civil o primero de afinidad y pueden ser beneficiados de la aprobación del proyecto”, se lee en uno de los apartes del documento que llegó al Congreso.
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El ‘dolor de cabeza’ para el Gobierno es que esta recusación debe ir a la Comisión de Ética que debe estudiarla y revisar si proceden o no, trámite que podría tardar hasta un día, retrasando los tiempos en el cierre del periodo.
“Son las estrategias dilatorias casi absurdas que se han inventado, hoy salen que no podemos legislar para los trabajadores, para las reglas laborales del país porque tenemos trabajadores a cargo cosa que es absurda porque no estamos legislando en causa propia, estamos legislando para el país para las grandes mayorías”, dijo la representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso.
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Estas recusaciones podrían truncar el camino de la reforma laboral, cuyo último intento para salvarla se hace hoy en una sesión donde todavía no se ha completado el quórum para aprobar el orden del día y luego para votarla.
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