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El senador Enrique Gómez, jefe del partido Salvación Nacional, anunció que radicará un acto legislativo en el Congreso para impedir que se prorrogue el periodo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Cuando se creó la JEP, se dejó claro en el acto legislativo que su labor sería por 10 años, prorrogables por otros cinco años más y esos cinco años podrían alargarse otros cinco a través de una ley ordinaria.
Sin embargo, con este nuevo acto legislativo se buscará que dicha jurisdicción, especialmente en sus tres salas, termine labores en el año 2028.
"La JEP ha incumplido gravemente sus obligaciones en el marco de la justicia transicional, se ha convertido en un fortín burocrático y no ha avanzado en su labor fundamental, que es la resolución de situación jurídica de más de 9.700 guerrilleros de las FARC; de esos, solo ha generado decisiones en 46 de los casos", dijo Gómez.
"Por eso hemos considerado que junto con la terminación de vigencia de las tres salas de la JEP que se dará en marzo de 2028, que permitirá desmontar por lo menos la mitad de esa enorme burocracia en la cual hay más de 1.200 órdenes de prestación de servicios y 1.460 cargos de planta, es pertinente poner a consideración del Congreso la posibilidad de que, primero, no se pueda ampliar el plazo de vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz”, dijo.
Además, propone que una vez se acabe la vigencia de la JEP, durante los próximos cinco años, la etapa de juzgamiento de los procesos contra los exguerrilleros, se adelante en el sistema de Justicia y Paz.
“Que en los cinco años de la etapa de juzgamiento se le entregue la responsabilidad de definición de situaciones jurídicas a las salas que están cesantes del sistema transicional de justicia y paz en la justicia ordinaria", explicó.
Presupuesto de la JEP
Según Enrique Gómez, el presupuesto de la JEP debe reducirse considerablemente y el mismo debe destinarse a fortalecer las capacidades la justicia ordinaria.
Para esto también impulsa una proposición en el marco de la discusión del Presupuesto General del 2027, para que se trasladen alrededor de 100.000 millones de pesos destinados para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, a la justicia ordinaria y una vez la JEP se acabe, se pueda trasladar la totalidad de los recursos.
"Estaremos radicando la semana entrante un acto legislativo a consideración del Congreso para que esos enormes recursos, más de 800 mil millones de pesos que cuesta la JEP, un ente consagrado a la impunidad de crímenes de esa impunidad, de esa humanidad; puedan ser transferidos a la justicia ordinaria que urgentemente los necesita para ampliar el número de juzgados y mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia", explicó.
Esta propuesta tiene el pleno respaldo del presidente Abelardo De La Espriella, quien se limitó a responder: "Publíquese, comuníquese y cúmplase".
Centro Democrático apoya reducción de presupuesto de la JEP
El partido Centro Democrático respalda la idea de hacer los traslados presupuestales y quitarle a la JEP gran parte de sus recursos, lo que supone que si hay voluntad de todas las bancadas de gobierno, eso podría ser una realidad.
El senador Hernán Cadavid dijo: “Grandes cabecillas que pasaron por sus manos terminaron fugados montando la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Lo advertimos, iba a ser un instrumento para el activismo judicial. Estamos de acuerdo con reducir su presupuesto y trasladar a otros sectores donde sí se necesite”.
La senadora María Clara Posada asegura que el recorte en el presupuesto de la jurisdicción debería ser de al menos el 50%.
"El presupuesto general le entrega a la JEP 821.000 millones de pesos, lo que significa un aumento de 92.000 millones en su funcionamiento frente al 2026, pese a que la fecha solo se han realizado 333 imputaciones en 21 decisiones judiciales en 8 macrocasos", dijo.
"Hoy en día cada sentencia nos ha costado a los colombianos 180.000 millones de pesos y estos es absolutamente inaceptable, estamos hablando de las investigaciones más costosas en este país, a pesar de que era innecesarias porque los máximos responsables aseguraron no pagar un solo día de cárcel. Por eso hacemos un llamado al Gobierno para inicie con el recorte de gasto, acabando con el derroche innecesario, que es la JEP", manifestó.
Esta propuesta ha desatado una enorme tormenta política y el propio presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha dicho que se trata del "más grave ataque" contra la justicia transicional.
