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Continúan los ecos frente a la aprobación en sexto debate la reforma constitucional que modifica el Sistema General de Participaciones (SGP), para aumentar los recursos que se envían a las regiones para atender sectores como la salud, educación, agua y saneamiento básico.
Según lo aprobado, la transferencia a los municipios y departamentos pasará del 21% al 39,5%, pero los gobernadores del país consideran que dicho porcentaje debe subir al 46,5, tal y como había quedado estipulado desde la Constitución de 1991.
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Así lo señaló el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidente de la Federación de Departamentos, quien hizo esta solicitud formal al Congreso y pidió que la vigencia del acto legislativo no sea desde 2027, sino desde el 2026.
“Esperamos que en la Cámara se pueda reconsiderar el porcentaje, que pueda subirse acercándose en lo pactado en 1991, porque no estamos pidiendo nada nuevo, el 46,5% era lo pactado y esperamos también que se pueda agilizar la aprobación de la ley de competencias en el año 2025, para que el acto legislativoempiece a regir en el año 2026, para que el primer incremento se haga en el 2026”, dijo.
Dijo que estos recursos adicionales no serán utilizados para hechos de corrupción, sino para promover políticas públicas y garantizar mejores inversiones del Estado en los territorios.
“Lo mismo podría decirse que la plata en el Estado central se utiliza para hacer política e impulsar elecciones de Congreso, pero creo que esta no es una discusión sobre corrupción, sino cómo es más eficiente un Estado y el Estado es más eficiente como lo pactó la Constitución cuando son los territorios los que se encargar de invertir en resolver los problemas de las comunidades”, indicó.
Y añadió: “Son los alcaldes y gobernadores los que están en los territorios día a día y no el desconocimiento que hay de los funcionarios en Bogotá, que no saben dónde quedan los territorios y los municipios y toman decisiones desde acá con desconocimiento”.
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Dijo además que debe reformarse la manera como se financia el Plan de Alimentación Escolar en las regiones, para que los recursos puedan invertirse en otras necesidades.
“El plan de alimentación escolar que vale 5,5 billones hoy el Gobierno apenas aporta 1,6 billones, el 36%, el resto de la plata le toca ponerlo a los departamentos de regalías y esa plata debería invertirse en otras cosas como construcción de escuelas, que se necesitan”, sostuvo.
A la reforma al Sistema General de Participaciones le resta su aprobación en séptimo y octavo debate en la Cámara de Representantes.
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