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Uno de los proyectos clave de la Reforma a la Justicia estaría a punto de concretarse en la iniciativa, por lo que fuentes de la comisión que construye esa iniciativa, aclaró algunos detalles que serán objeto de discusión legislativa. La fuente de la comisión aclara que se trataría de un sistema de negociación y allanamientos, pero que no representaría impunidad.
El proyecto está enfocado en una transformación del sistema penal acusatorio, es decir, que el sistema que se encarga de juzgar a las personas vinculadas con delitos, tenga una modificación que, en principio, beneficie la descongestión judicial.
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Las fuentes explicaron que el proyecto tiene una propuesta que es clave y es la de otorgar algunos beneficios procesales a quienes acepten su responsabilidad en delitos, lo que representaría una reducción en las penas que pueden llegar a ser impuestas.
Sin embargo, aclaran cuál es el detalle de esta iniciativa, pues la idea surgió de una ley de 2004, que fue progresivamente modificada para evitar que los delitos graves como secuestros, homicidios agravados, violencia sexual contra menores de edad, entre otros, tengan beneficios que propicien agilidad procesal.
Según la explicación, en esos casos, el beneficio sería una reducción de la pena en una cuarta parte, es decir, la mitad de la mitad de la condena que sea impuesta por el juez del caso, para garantizar que se obtenga justicia y se consiga restauración a las víctimas.
La fuente de la comisión aclara que se trataría de un sistema de negociación y allanamientos, pero que no representaría impunidad, sino que la reforma busca que se mantengan penas ejemplares para las personas que cometan delitos contra la vida la integridad personal, la libertad individual o delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, pero que obtengan algunos beneficios como la reducción en un porcentaje de la pena a cambio de la información que puedan aportar.
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La comisión se reunirá en los próximos días para afinar las propuestas del proyecto y establecer cuál será el texto que será llevado al Congreso para que sea discutido por el Senado y la Cámara.
