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Los Secretos de Darcy Quinn mencionó que un largo camino le espera al proyecto de tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de grupos al margen de la ley, que fue radicado ayer en la Cámara de Representantes.
Sí, su trámite no será sencillo, a pesar de haber sido presentado en la corporación donde el Gobierno aún conserva control. Varios miembros de la misma bancada oficialista consideran que, en el actual contexto de debilidad institucional frente a la criminalidad, no es oportuno aprobar una iniciativa que otorga beneficios jurídicos.
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Sería pertinente preguntarle al ministro del Interior, Armando Benedetti, cuán convencido está de la necesidad de esta ley y hasta dónde está dispuesto a defenderla. A este panorama se suma la postura de diversas organizaciones civiles y jurídicas, que ya se articulan para oponerse públicamente y realizar lobby ante los congresistas con el fin de evitar su aprobación.
El texto es, en esencia, el mismo que se filtró la semana pasada a los medios: establece penas de 5 a 8 años para los máximos responsables y de 2 a 5 años para quienes no tienen capacidad de mando. Solo aplicará a quienes se desmovilicen a partir de junio de 2025, sin cubrir procesos anteriores.
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Como condiciones, contempla la entrega de bienes y armas, el cese de actividades, la liberación de menores y secuestrados en su poder, y la aportación a la verdad.
Resta ver si este proyecto logra avanzar en el Congreso y llega a convertirse en ley.
