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Ya hay múltiples reacciones al nuevo decretazo, es decir, el decreto en el que trabaja el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, y que busca otorgar más beneficios a los delincuentes.
Una de ellas proviene de la Fundación DILO, de control ciudadano, en coordinación con la oficina de Mauricio Pava, exabogado de Gustavo Petro.
Ambas entidades realizaron un análisis técnico del proyecto de ley que el Gobierno se prepara para radicar el próximo 20 de julio, y que propone establecer un tratamiento penal diferenciado para estructuras criminales y participantes en disturbios sociales.
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Han identificado riesgos serios de inconstitucionalidad y de debilitamiento institucional.
Primero: se trata de un régimen penal especial que, según el artículo transitorio 66 de la Constitución, debe tramitarse como ley estatutaria. El Gobierno, sin embargo, pretende hacerlo mediante ley ordinaria, sin los requisitos ni consensos que exige una ley de esa naturaleza.
Segundo: se otorgan beneficios por la mera pertenencia colectiva a un grupo, sin un juicio individual sobre las conductas cometidas. Esto contraviene el principio de responsabilidad penal personal. La justicia no puede operar mediante listados, sino con base en hechos y pruebas.
Tercero: se traslada al Ejecutivo y a la Fiscalía el poder de definir quién recibe beneficios, relegando al juez a un rol meramente decorativo. Esta medida vulnera el principio de separación de poderes y pone en riesgo el debido proceso.
Cuarto: el capítulo relacionado con las protestas sociales es impreciso y riesgoso. Mezcla manifestaciones legítimas con delitos graves, y genera incentivos para que estructuras armadas se camuflen como manifestantes para acceder a beneficios.
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La conclusión es clara: este proyecto, en su forma actual, debilita el Estado de Derecho, pone en riesgo la legitimidad institucional y puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Desde ya, hacemos un llamado a revisar con rigor su contenido y a no perder de vista que la paz también exige justicia efectiva, garantías para las víctimas y respeto por la Constitución.
¿El presidente no va a instalar el Congreso el próximo 20 de julio?
No. Se irá a Chile, y ya fue expedido el decreto que delega al ministro de Hacienda para instalar las sesiones del Congreso. Supuestamente, asistirá a una reunión de alto nivel denominada Democracia Siempre, en la que también estarían presentes los jefes de Estado de Brasil, Uruguay y España.
El excontralor Felipe Córdoba también está en plena campaña presidencial y obtuvo una pequeña victoria en las últimas horas.
Así es. El senador Ariel Ávila, tras una conciliación en la Corte Suprema de Justicia, tuvo que aclarar que no existió ninguna irregularidad en sus estudios de Derecho. Y sí, Felipe Córdoba continúa en campaña y próximamente estará en Tribuna RCN.
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Sigue la disputa por la presidencia de la Cámara de Representantes.
Desde Cambio Radical insisten en que se respeten los acuerdos, alegando que la presidencia les corresponde. Además, la bancada del Pacto Histórico afirma que el comunicado en el que se respalda a Julián López no representa a toda la colectividad, y que fue elaborado desde Palacio.
