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Escuche aquí los argumentos de cada una de las partes:
El proyecto surge por el incremento del fenómeno de pesca ilegal y porque, a pesar de ser considerado delito desde 1990, su judicialización no ha sido efectiva. También responde a las recomendaciones del Informe de la División de Pesca de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en ingles, en el que Colombia está dentro de las seis naciones que tiene buques que realizan pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El debate gira en torno a dos preocupaciones principales: la posible judicialización a pescadores artesanales a quienes les aplicaría las penas por pesca ilegal y a la falta de formalización de este sector.
Adriana Cadena, una de las coordinadoras de la Mesa Nacional de Pesca artesanal, indicó que el proyecto afecta directamente a los pescadores artesanales que viven de eso, porque la ley solo excluye a los pescadores de subsistencia, entendiendo esto por debajo de 3 toneladas al mes, lo que considera una miseria.
Para la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la pesca ilegal siempre ha sido considerada como delito, por lo que existe una tergiversación del proyecto, porque lo que se quiere es judicializar a los pescadores artesanales, en su mayoría extranjeros.
La propuesta de la Mesa Nacional de Pesca es que se amplíe el concepto de pesca de subsistencia para que se incluyan a muchos pescadores artesanales que mantienen a su familia, así como un plan para formalizarlos porque este sector es vulnerable.
La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, plantea que la ley debe ser aplicable a todos y que el procedimiento para que se formalice este sector está previsto y disponible.
