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La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República expidieron la Directiva Conjunta 001 de 2026, mediante la cual recuerdan a todos los servidores públicos del orden nacional las obligaciones que deben cumplir durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante.
De acuerdo con el documento, que fue firmado por el procurador Gregorio Eljach Pacheco y el contralor encargado Carlos Enrique Silgado Betancourt, insiste en que la entrega de los informes de gestión no es una opción sino un deber legal, cuyo incumplimiento puede dar lugar a investigaciones disciplinarias y otras actuaciones de los organismos de control.
Empalme completo y sin excepciones
La directiva de los rganismos de control, recuerda que, conforme a la Constitución y a la Ley 951 de 2005, cada entidad debe entregar un informe detallado sobre los asuntos y recursos públicos administrados durante el periodo de gobierno.
En ese mismo sentido se mensiona que el informe deberá incluir no solo los temas concluidos, sino también los procesos pendientes, así como la situación de los recursos financieros, humanos y administrativos.
Sumado a eso, en el texto se advierte que la obligación de entregar la información "no admite excepciones" y que quienes incumplan podrán ser requeridos por los órganos de control y enfrentar las correspondientes sanciones disciplinarias previstas en la ley.
Contratos, recursos y procesos en curso
Uno de los principales llamados de atención está relacionado con la contratación estatal: la Procuraduría y la Contraloría recomendaron "verificar que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados o en curso hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)".
En ese mismo sentido, los órganos de control solicitaron que el gobierno saliente entregue información completa sobre los contratos próximos a vencer, aquellos que requieran nuevos procesos de selección, el estado de ejecución de las obras y los contratos que presenten incumplimientos, controversias o procesos sancionatorios.
Información pública y continuidad institucional
La directiva también exhorta a que los informes de empalme y sus documentos de soporte sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública, salvo los casos protegidos por reserva legal.
Los organismos de control subrayan que el objetivo es garantizar la continuidad de la gestión pública y evitar traumatismos en la transición administrativa.
En el documento se convoca a todos los servidores públicos a entregar información "suficiente, verificable y oportuna" sobre los asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales a su cargo.
Para finalizar, tanto la Procuraduría como la Contraloría recordaron que un empalme transparente permite asegurar la continuidad del servicio público y prevenir eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza para los funcionarios responsables de la entrega de la administración.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Qué establece la directiva conjunta emitida por la Procuraduría y la Contraloría?
Establece las reglas que deben cumplir los servidores públicos del orden nacional durante el empalme, para garantizar la entrega completa de los informes de gestión y la continuidad de la administración pública.
¿Qué información deben entregar las entidades del Gobierno saliente?
Deben presentar un informe detallado sobre los asuntos a su cargo, el estado de los recursos públicos, los procesos administrativos, presupuestales y contractuales, así como los temas pendientes que recibirá el nuevo gobierno.
¿Qué recomendaciones hacen los organismos de control frente a la contratación pública?
Piden verificar que todos los contratos estén publicados en el SECOP y entregar información clara sobre los contratos en ejecución, próximos a vencer, con dificultades de cumplimiento o involucrados en controversias y procesos sancionatorios.
¿Qué consecuencias advierte la directiva para quienes incumplan estas obligaciones?
La Procuraduría y la Contraloría recuerdan que no entregar los informes de gestión o hacerlo de forma incompleta puede dar lugar a investigaciones disciplinarias, además de eventuales responsabilidades fiscales o de otra naturaleza previstas en la ley.
