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En medio de la campaña electoral y a pocos días de los comicios, la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación disciplinaria en contra de seis funcionarios públicos de la Gobernación del Meta.
La indagación se adelanta por la demora en la ejecución de un proyecto de vivienda en Granada, Meta que debió ser entregado hace mucho tiempo, pero sin explicación alguna, se ha prorrogado su construcción.
En el pliego de cargos que formuló el ministerio público, se argumenta que no se cumplió con la entrega de las casas y que la empresa que estaba encargada de construirlas, fue beneficiada con varias prórrogas sin importar los incumplimientos.
Entre los implicados está Jorge Carmelo Pérez, secretario de vivienda de la Gobernación del Meta y esposo de la actual candidata para ese cargo, Marcela Amaya, quien cometió una “falta gravísima” por haber prorrogado el contrato en varias ocasiones a la constructora, lo que según la procuraduría, generó graves consecuencias para el patrimonio público.
Precisamente por esa decisión del Ministerio Público la candidata empezó a ser cuestionada por la posibilidad de ser la ganadora el 25 de octubre, ya que ella públicamente ha manifestado que su esposo estaría a su lado en los cuatro años de mandato.
La decisión de la procuraduría podría afectar la campaña en esa zona del país ya que por la cercanía de Carmelo Pérez con el actual gobernador Alan jara, se ha considerado en el Meta que Marcela Amaya es la aspirante que cuenta con el guiño departamental.
Los otros funcionarios son: Edgar Augusto Jara, Eleazar Durán, Eduardo Merchán, Rodrigo Patiño y Pedro Alexander Gutiérrez.
El ministerio público busca determina el motivo de la demora en la ejecución de la obra y el por qué la constructora ha sido beneficiada con prórrogas, “ante la evidente incapacidad de cumplir con el objeto del contrato”.
