La FM en Google News
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra contra la ministra de Ambiente, Irene Vélez y varios altos funcionarios y exfuncionarios del sector ambiental y de servicios públicos, por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto hidroeléctrico Urrá I.
Según el documento oficial fechado el 26 de marzo de 2026, la actuación es adelantada por la Procuraduría delegada Disciplinaria de Instrucción 2, esto en el marco de un informe previo que analizó la gestión y las decisiones tomadas frente a este proyecto energético.
La investigación se origina tras una actuación preventiva de la Procuraduría
De acuerdo con el documento emitido por la Procuraduría, entre los implicados aparecen exdirectivos y funcionarios de entidades clave como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, así como directivos de la empresa Urrá S.A.
Así mismo se conoció que la investigación se origina tras una actuación preventiva de la Procuraduría, en la que se recopiló información de distintas autoridades y del titular de la licencia ambiental, con el objetivo de revisar posibles fallas en el cumplimiento de las normas y procedimientos.
Procuraduría determinará si los involucrados incurrieron en faltas disciplinarias
En ese proceso, el Ministerio Público analizó en detalle el expediente de la licencia ambiental del proyecto Urrá I, así como otros procesos sancionatorios asociados, con el fin de establecer si hubo irregularidades en la gestión, seguimiento o control de esta obra.
Según el mismo texto, la Procuraduría buscará determinar si los funcionarios involucrados incurrieron en faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, especialmente en lo relacionado con la vigilancia ambiental, la supervisión de licencias y el cumplimiento de obligaciones legales.
Por ahora, se trata de una etapa inicial del proceso, en la que se recopilan pruebas y se establecen los hechos que serán materia de investigación. Las autoridades aún no han definido responsabilidades, pero el caso pone bajo la lupa decisiones clave en uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes del país.
Este proceso también abre un nuevo capítulo en el debate sobre el control institucional a grandes proyectos energéticos y el papel de las entidades encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.
Por último la misma Procuraduría indicó que continuará con el desarrollo de la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo fallas que puedan derivar en sanciones disciplinarias.
