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Luego de conocer que el presidente Gustavo Petro convocó a los presidentes de las altas cortes a la primera reunión del año, programada para este viernes 21 de febrero en la Casa de Nariño, los magistrados confirmaron que no asistirán al encuentro.
En horas de la mañana, se pronunció el presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez quien agradeció la invitación pero explicó que las demandas y estudios que cursan en su Corte, como el análisis del decreto de conmoción interior y la ponencia sobre la Reforma Pensional, le impedían participar en la reunión.
Además, señaló que en la Corte se están tramitando varias demandas y estudios que requieren de una total independencia en su desarrollo e imposibilitan cualquier tipo de encuentro con el Ejecutivo en este momento.
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Por su parte, el magistrado Luis Alberto Álvarez indicó que, debido a un compromiso médico previamente agendado, tampoco podría asistir al evento. Álvarez mencionó que la cita médica era un compromiso inaplazable que había sido programado con antelación.
Posteriormente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Octavio Augusto Tejeiro Duque también agradeció la invitación del presidente Petro, pero se excusó por la inasistencia de sus colegas. “El objetivo de la reunión era el diálogo con todas las Corporaciones, pero debido a las circunstancias actuales, mis compañeros no podrán asistir. No obstante, me mantengo dispuesto a agendar una nueva fecha en la que todos puedan participar”, señaló Tejeiro.
Así mismo, el presidente de la Comisión de Disciplina Judicial Mauricio Rodríguez Tamayo manifestó que, por razones de agenda, no podría asistir a la reunión, aunque expresó su disposición para futuros encuentros.
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El hecho de que todos los presidentes de las altas cortes declinaran la invitación de Petro deja en evidencia las tensiones existentes entre el Ejecutivo y el poder judicial.
Aunque el presidente de la Corte Suprema mostró su disposición a reprogramar el encuentro, la falta de consenso entre las partes refleja las dificultades para establecer un diálogo efectivo entre las instituciones del país.
