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Continúa creciendo la polémica en los sectores políticos del país por cuenta de las objeciones que presentó el Gobierno de Abelardo De La Espriella a un proyecto de ley de autoría del Centro Democrático, que busca prohibir que se disminuyan los requisitos para acceder a cargos públicos.
Con el fin de lograr acuerdos sobre esta iniciativa, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, inició contactos con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para tratar de salvar la iniciativa.
“He dialogado con el ministro del Interior, @Rodrigo_Lara_, resalto su disposición para construir consensos que nos permitan superar y aclarar las objeciones al proyecto de ley de autoría del senador @hernancadavidma, del cual fui ponente, que busca proteger el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos para acceder a cargos directivos en el sector público”, indicó.
Y añadió: “Esperamos que pueda ser aprobado para garantizar calidad, eficiencia y meritocracia en el servicio público. Los consensos permiten superar las diferencias”.
Los congresistas del Centro Democrático han cuestionado duramente al Gobierno por haber objetado este proyecto y han advertido que buscarán que se rechacen las objeciones planteadas en el Congreso.
En caso de que las objeciones del Gobierno no sean aceptadas y el presidente Abelardo De La Espriella insista en negarse a firmar la ley, el proyecto se irá a la Corte Constitucional que tendrá la última palabra sobre éste.
Razones del Gobierno para objetar la ley
En el documento enviado al Congreso se argumentan razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia para presentar las objeciones presidenciales a esta iniciativa.
Plantean una vulneración “de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil” del Consejo de Estado, diciendo que “la rama judicial no puede ejercer tutela previa sobre actos reglamentarios del Ejecutivo”, puesto que los conceptos emitidos por la Sala de Consulta solo son consultivos y no de obligatorio cumplimiento.
Hablan de una “invasión de competencias del Ejecutivo, petrificación legislativa y vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo”, diciendo que la Constitución le otorga al presidente de la Republica la facultad de “crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos”.
Según el Gobierno, el proyecto incurre en “una manifiesta desproporción violatoria del derecho al debido proceso” y en una “transgresión del principio de unidad de materia”.
Además, en cuanto a las razones de inconveniencia aduce que habría “redundancia normativa”; una “falta de necesidad de una nueva ley”, una “rigidez institucional, burocratización y asfixia en la provisión del talento humano” y un “bloqueo al relevo generacional y mantenimiento de barreras elitistas de acceso”.
