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El presidente Abelardo De La Espriella se abstuvo de sancionar una ley que fue aprobada por el Congreso de la República que buscaba establecer una prohibición para reducir los requisitos que pone el Estado para acceder a cargos públicos.
El mandatario objetó esta iniciativa y la devolvió al Congreso de la República para que la estudie y le haga las correcciones pertinentes.
“La iniciativa busca evitar que se reduzcan los requisitos mínimos exigidos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y en empresas con participación estatal del orden nacional. En otras palabras, pretende garantizar que quienes lleguen a estos cargos cumplan con unos estándares mínimos de formación y experiencia, privilegiando el mérito y evitando que los requisitos sean flexibilizados para favorecer nombramientos”, informó el equipo del senador Cadavid.
El congresista calificó esta decisión como “desconcertante”, mientras que otros compañeros de bancada como el representante Daniel Briceño calificaron como “un error” la decisión del Gobierno.
“Es un enorme error la objeción que acaba hacer el nuevo gobierno. Esta norma premia el mérito y la preparación. Estamos listos desde la Cámara de Representantes para defender esta norma en el trámite de las objeciones”, dijo.
El senador Rafael Nieto también cuestionó duramente al Gobierno Nacional por esta decisión diciendo que “es inexplicable que un gobierno que anunció un “Banco Nacional de Talentos” para que los colombianos lleguen al Estado por sus capacidades y no por sus conexiones, objete una ley que precisamente protege el mérito e impide reducir los requisitos para ocupar cargos de alta responsabilidad”.
Nieto afirma que hay que elevar los estándares y garantizar procesos objetivos a la hora de contratar a los servidores públicos, razón por la cual había que respaldar la ley que impulsó el senador Cadavid y no enviar este mal mensaje.
“Le criticamos a Petro una y otra vez que manipulara los manuales de funciones para reducir requisitos y nombrar personas que no tenían experiencia ni calidades ni conocimiento y cuyo único "mérito" era ser parientes, amigotes o "leales". ¿Van a recorrer ahora el mismo camino? Pésimo mensaje”, añadió.
¿Por qué fue objetado el proyecto?
En el documento enviado al Congreso se argumentan razones de inconstitucionalidad y de inconveniencia que sustentan la objeción presidencial a esta iniciativa.
En primer término, se habla de una vulneración “de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil” del Consejo de Estado. El Gobierno advierte que “la rama judicial no puede ejercer tutela previa sobre actos reglamentarios del Ejecutivo”, puesto que los conceptos emitidos por la Sala de Consulta solo son consultivos y no de obligatorio cumplimiento.
La segunda vulneración consiste en una “invasión de competencias del Ejecutivo, petrificación legislativa y vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo”, ya que la Constitución Política atribuye al presidente de la Republica la competencia privativa de «crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos”.
También se afirma que el proyecto de ley incurre en “una manifiesta desproporción violatoria del derecho al debido proceso”, además que de existiría una “transgresión del principio de unidad de materia”.
De igual forma, argumenta otras razones de inconveniencia en el sentido de que habría redundancia normativa y por lo tanto el proyecto sería inocuo; se habla de la “falta de necesidad de una nueva ley”, además de una “rigidez institucional, burocratización y asfixia en la provisión del talento humano” y un “bloqueo al relevo generacional y mantenimiento de barreras elitistas de acceso”.
Ahora el Congreso deberá determinar si acepta o no estas objeciones presidenciales y de no acogerlas, el proyecto deberá ser enviado a la Corte Constitucional que tendrá la última palabra sobre el mismo.
