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Crece la preocupación en el Congreso de la República por las cifras que se conocen en materia de seguridad alimentaria en Colombia, que demuestran que millones de ciudadanos están padeciendo hambre en todo el territorio nacional.
Durante el octavo Foro de Sostenibilidad y Economía Circular, se conoció que alrededor de 13 millones de personas viven con inseguridad alimentaria moderada o severa, razón por la cual desde el Capitolio Nacional pidieron un mayor compromiso de los empresarios en el combate a este flagelo.
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La representante Saray Robayo, autora de la nueva ley 2380 conocida como ‘ley contra el hambre’, hizo un llamado a los empresarios de este país a que se acojan a los beneficios que entrega esta nueva normatividad, por la donación de productos a los bancos de alimentos de todo el país.
“La seguridad alimentaria en nuestro país sigue en estado crítico donde más de 13 millones de personas viven en inseguridad alimentaria moderada o severa, y 1,6 millones pasan uno o más días sin comer. La situación no es de escasez, sino de desperdicio, ya que cada año se pierden 9,76 millones de toneladas de alimentos, de las cuales 6,22 millones se pierden en la cadena productiva y 3,54 millones se desperdician en hogares, distribución y almacenamiento”, explicó.
La dirigente política explicó que esta nueva ley ofrece un descuento fiscal del 37% a las empresas que donen alimentos, lo cual les representa una disminución significativa en la renta que deben pagar.
“Esperamos que este incentivo fiscal motive a más empresas a sumarse a la lucha contra el hambre”, indicó la congresista, quien aseguró que esto permitirá reducir la brecha que actualmente existe en materia de seguridad alimentaria.
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“No podemos seguir ignorando la situación crítica. Solo se ha ejecutado el 14% del presupuesto destinado al derecho humano a la alimentación en 2024 y ese presupuesto ya es insuficiente. Si queremos cumplir con la meta de hambre cero, el Estado debe actuar con mayor decisión y coordinación”, añadió.
La congresista reveló que con la ley 2380 se podrían generar ahorros de hasta 7 billones de pesos anuales, recursos que podrían redirigirse para inversión social o en el sector educativo.
