Piden suspender decreto de Iván Duque que permitió uso del glifosato

Esta práctica fue suspendida por la Corte Constitucional en enero del 2022
Cada dron fumigará tres hectáreas diarias y tiene un costo de 1’200.000 al día.
Se espera que progresivamente se incorporen nuevos de estos dispositivos aéreos y se fumiguen otras zonas como el Norte del departamento. Crédito: Colprensa

El Ministerio de Justicia envió su concepto al Consejo de Estado en el marco de la demanda que estudia ese tribunal contra el decreto emitido por el gobierno de Iván Duque que permitió el uso de glifosato para erradicación de cultivos ilícitos.

La cartera solicitó al magistrado ponente que suspenda provisionalmente este decreto mientras avanza la discusión de fondo, pues afirman que actualmente hay disposiciones legales que buscan proteger el medio ambiente.

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"Existe una posición pacifica que considera al medio ambiente como un derecho, toda vez que todas las personas tienen la garantía a gozar de un medio ambiente sano y adecuado", afirma el documento.

El ministerio explicó que hay providencias de la Corte Constitucional que recuerdan la obligación que tiene el Estado de garantizar el cuidado de la salud de las poblaciones y del medio ambiente.

"En cierta medida, la Carta ha constitucionalizado el llamado 'principio de precaución', pues le impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente”, cita el documento de la cartera.

Frente a esto, el Ministerio de Justicia solicitó que el magistrado imponga medidas provisionales al decreto mientras avanzan en la discusión y se toma una decisión de fondo.

Esta práctica fue suspendida por la Corte Constitucional en enero del 2022, debido a la ausencia de realización de consulta previa a las comunidades que se verían afectadas por el uso de este pesticida en sus zonas.

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En ese documento resaltan que la determinación fue emitida por las autoridades luego de unas audiencias que se realizaron de manera virtual debido a la pandemia de la covid-19, pero las comunidades alegaron que no tenían las herramientas para acceder a esas reuniones.


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