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En el municipio de Cereté, Córdoba, el Presidente del país Gustavo Petro , al sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, dijo que desde hoy los conflictos por la posesión y uso de la tierra no se resolverán con violencia sino mediante los jueces agrarios especializados y magistrados.
“Hay que completar una legislación para hacer la paz que está en favor del campesinado de Colombia que cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño no sea el machete sangriento no sea la sierra eléctrica el camino de la solución que sean los jueces, que sean los magistrados ,que se la justicia que dirima el conflicto. Firmamos esa ley”, expresó el jefe de Estado.
El presidente dijo que esta esta ley es un paso histórico hacia el cumplimiento de las deudas del Estado con el sector rural que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia y que representa un avance fundamental en la organización de la justicia agraria en Colombia.
Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria tiene como objetivo garantizar que los asuntos relacionados con la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y los territorios rurales sean atendidos de manera especializada, cercana y efectiva, por jueces que resuelvan de manera exclusiva los conflictos agrarios.
Además, la ley que fue sancionada hoy responde a la necesidad histórica de fortalecer la justicia en el campo, reconociendo la diversidad cultural, étnica y social de quienes habitan estas zonas.
La creación de tribunales y juzgados agrarios, así como de equipos técnicos interdisciplinarios, conforma una estructura que permite administrar justicia con mayor eficiencia y celeridad.
La nueva ley permite que los tribunales actúen como órganos de decisión y apelación en casos complejos, mientras que los juzgados serán la base de la atención local, garantizando que la justicia llegue hasta las comunidades más alejadas y vulnerables.
El presidente de la República, Gustavo Petro, también anunció la entrega de 3.600 hectáreas para familias campesinas damnificadas en el departamento de Córdoba y además del inicio de la demolición de jarillones en la ciénaga Grande del Bajo Sinù que ha provocado inundaciones.
Según presidencia de la República, los predios entregados provienen de diferentes fuentes, entre ellas el Fondo de Reparación a Víctimas, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y de procesos de adquisición directa.
Informaron que algunos de estos terrenos fueron recuperados por el Estado tras haber estado durante mucho tiempo en manos de exjefes paramilitares.
Las tierras están ubicadas en municipios como Planeta Rica, Sahagún, Buenavista, Montería, Cereté, San José de Uré y Puerto Libertador, beneficiando a organizaciones campesinas, asociaciones productivas y comunidades étnicas como el Resguardo Indígena Zenú del departamento.
