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El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas y retractarse de unas afirmaciones que, según el tribunal, afectaron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.
La decisión se basó en publicaciones realizadas por el mandatario el pasado 29 de septiembre en la red social X, en las que señaló a Valencia de haber sido “cómplice del asesinato de los 6.402 jóvenes por las armas oficiales”. El despacho judicial consideró que estas expresiones “constituyen una imputación directa sin sustento judicial, que afecta la reputación y la dignidad de la congresista”, según señala el comunicado.
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El fallo determinó que el presidente debía realizar una rectificación pública en un plazo máximo de cinco días, contados desde la notificación de la providencia. De acuerdo con la orden, la retractación debía difundirse mediante tres canales oficiales: “la cuenta de la Presidencia de la República en X, la cuenta institucional del Departamento Administrativo de la Presidencia y la cuenta personal del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo)”.
La congresista celebró el fallo y dijo: “Le acabo de ganar una tutela al presidente que me acusó de ser cómplice de falsos positivos, pues no solamente va a tener que rectificar en todas sus redes, sino que va a tener que pedir excusas públicas, aquí estaremos esperando”.
El comunicado revela que el juzgado también exhortó al jefe de Estado a evitar declaraciones similares en el futuro y recalcó que la libertad de expresión de los servidores públicos tiene límites constitucionales cuando compromete la honra y el buen nombre de otras personas.
En su acción de tutela, la senadora Paloma Valencia negó cualquier vínculo con los casos de falsos positivos y argumentó que las declaraciones del mandatario carecieron de fundamento. Según informó, el tribunal coincidió con esa postura al señalar que Petro “excedió los límites de su investidura al atribuir responsabilidades penales inexistentes a la congresista”.
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El pronunciamiento judicial señaló además que los funcionarios del Estado debían ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, especialmente cuando sus palabras podían incidir en la reputación de otros actores públicos. Con esta determinación, el juzgado buscó garantizar la protección de los derechos fundamentales de la senadora como su honra y buen nombre.
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