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El presidente Gustavo Perro aseguró que el Gobierno descubrió una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por lo que se detiene la licitación que estaba andando.
“El gobierno nacional ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio”, dijo el mandatario.
Aseguró que eso lleva al Ejecutivo a detener el proceso licitatorio para los operadores de salud en por lo menos 10 zonas del país y que “se prorrogará los actuales servicios por seis meses más mientras se sustituye el actual sistema de salud para lograr la mejor atención posible a los y las maestras de Colombia”.
“Al cabo de seis meses se contrataran los mejores centros de salud en cada región que se pondrá al servicio del magisterio y se introducirá el concepto de libre elección de los centros de salud a cada maestro y maestra”, añadió.
Fue claro en señalar que “no afectaremos el régimen prestacional del magisterio”.
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El Consejo de Estado emitió un fallo de unificación jurisprudencial que tiene un amplio alcance en lo que respecta a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
El Consejo de Estado ha establecido que estos docentes no tienen derecho a reclamar sanciones moratorias por la consignación de sus cesantías, argumentando que esto es incompatible con el sistema especial que los rige, según la Ley 91 de 1989.
La cifra total de procesos judiciales en este contexto alcanzó más de 51,000 por parte de maestros afiliados al FOMAG. La Procuraduría General de la Nación desempeñó un papel fundamental en este logro, solicitando al Consejo de Estado que emitiera una sentencia de unificación jurisprudencial.
Esta solicitud se basó en la incompatibilidad entre el sistema especial que rige a los docentes afiliados al FOMAG y el derecho a reclamar sanciones moratorias por las cesantías, tal como está contemplado en la Ley 91 de 1989.
