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A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al pronunciamiento del gobierno de Ecuador, que aseguró que la deportación de ciudadanos colombianos privados de la libertad se estaba realizando conforme al marco legal vigente.
El mandatario colombiano apeló a la unidad histórica de la región y afirmó que “el proyecto grancolombiano de Bolívar, que podría tener otro nombre, por ejemplo: Amazonía, es el corazón vital del mundo y, por tanto, no debe dividirse”. Petro advirtió que si la Gran Colombia entra en guerra, “entra en guerra la humanidad”.
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Las declaraciones surgen tras el anuncio del Ministerio del Interior de Ecuador de deportar a 1.000 presos colombianos como parte de un plan para descongestionar su sistema penitenciario. El proceso ya comenzó con el traslado de 700 personas, lo que ha generado tensiones con Colombia, que calificó la medida como "unilateral" e "inamistosa".
De acuerdo con el gobierno ecuatoriano, en julio se realizaron cerca de 1.000 audiencias individuales, en cumplimiento de un acuerdo ministerial firmado el 2 de julio. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) gestionó las presentaciones ante los jueces, quienes emitieron boletas de excarcelación en un plazo de 24 horas.
Posteriormente, el Ministerio del Interior ejecutó las deportaciones a través del Puente Internacional de Rumichaca, asegurando que el procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y respeto a los derechos humanos.
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Sin embargo, la Cancillería colombiana manifestó su inconformidad, denunciando que no se acordó un protocolo bilateral que garantizara la identificación y el traslado digno de los deportados. Además, advirtió que el proceso podría violar normas básicas del Derecho Internacional al asemejarse a una deportación masiva.
Ecuador negó esa acusación, asegurando que se han seguido procesos individualizados, con resoluciones judiciales y notificación oficial al Consulado colombiano desde el 8 de julio.
A diferencia de otras repatriaciones, los colombianos deportados no deben continuar su condena en su país, y recuperan la libertad si no tienen procesos judiciales pendientes.
Esta medida se da en medio de una profunda crisis de seguridad en Ecuador, donde las cárceles se han convertido en focos de violencia. Como parte de su estrategia contra las bandas criminales, el presidente Daniel Noboa ordenó en 2023 la repatriación de reclusos extranjeros.
