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El representante Alirio Uribe y otros 17 congresistas del Pacto Histórico lideran un proyecto de ley que iniciará su trámite este semestre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que busca modificar el procedimiento de investigación y acusación de los aforados constitucionales.
En ese sentido, plantean establecer una norma única “que resuelva la multiplicidad normativa que actualmente rige el procedimiento” que se lleva a cabo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, que le brinde garantías a los investigados y a la ciudadanía y que agilice y haga más transparente el proceso.
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El corazón del proyecto se basa en la creación de un cuerpo técnico integrado por cinco juristas que brindarían “asesoría, apoyo y consejo técnico a los congresistas investigadores en cada una de las etapas que se surtan en los procesos propios de su competencia”.
La comisión de expertos será elegida por un periodo de cuatro años en sesión de Congreso en Pleno de una lista de 20 candidatos conformada previa convocatoria pública de la mesa directiva de la Cámara de Representantes.
Los requisitos para aspirar a esta dignidad serán los mismos que contempla la ley para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además de acreditar competencias y cualidades relacionadas con logros laborales y académicos que determinen su aptitud para asesorar al cuerpo político.
“La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, quien quedará facultada para seleccionar en el acto de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad con la que suscribirá contrato o convenio a fin de adelantar la convocatoria pública”, estipulan los congresistas del partido del Gobierno.
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Sin embargo, aclaran que el 'Comité Técnico' “sólo presentará concepto escrito en el que manifestará las razones que aconsejan el sentido de una providencia”, más no tendrá influencia en la deliberación y votación sobre los procesos bajo conocimiento de la Comisión.
La Comisión de Acusación actualmente investiga a los más altos funcionarios del Estados, entre ellos, al presidente de la República, Gustavo Petro, por la presunta financiación irregular de la campaña ‘Petro Presidente 2022’, a la fiscal (e) Martha Mancera por su supuesto encubrimiento a alias ‘Pacho Malo’ y al magistrado Francisco Farfán por el caso del clan Gnecco.
