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El martes en el Capitolio Nacional mucho se habló de la propuesta de la senadora Paloma Valencia Laserna frente a su firme intención de poner en marcha una reforma a la justicia que establezca un completo revolcón en el Estado.
Varias propuestas surgieron para acercar la justicia al ciudadano y fueron vistas como la salida a los problemas que diariamente deben afrontar los colombianos. Sin embargo, otras se limitan a tratar temas concernientes sólo con las altas esferas del Estado.
(Lea: Uribismo radica polémica reforma para eliminar las altas cortes)
Así parece suceder con un orangután incluido en el proyecto de reforma a la justicia que se limita a brindar una ‘coraza’ judicial especial a los senadores y representantes que eventualmente puedan ser procesados por la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo al artículo diez de la iniciativa, a la luz de la Constitución sólo podría ser capturado un congresista con el aval del Senado o la Cámara de Representantes.
De hecho, el legislador que sea sorprendido cometiendo algún flagrante delito, según el texto, deberán ser capturado y puesto a disposición del Congreso.
ARTÍCULO 10. – El artículo 186 de la Constitución quedará así:
ARTICULO 186. Ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.
Ningún miembro del Tribunal Supremo Constitucional podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Comisiones Primeras Conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.
Esta polémica iniciativa se suma a la propuesta de establecer una ‘Súper-Corte’ donde se unifiquen las Altas Cortes. A esa idea ya el gobierno, a través de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se negó al argumentar que no es conveniente.
