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Fue promulgado un acto legislativo aprobado por el Congreso de la República que establece la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas y otros funcionarios aforados en la Corte Suprema de Justicia.
La norma establece la creación de una sala nueva al interior de ese alto tribunal que se encargará de conocer en primera instancia los procesos, dejando a la sala penal con la responsabilidad de conocerlos en segunda instancia.
La entrada en vigencia de esta reforma constitucional abrió un gran debate en el país, pues con ella se permitiría la revisión de las sentencias ya emitidas contra varios excongresistas por casos de parapolítica y otros hechos de corrupción.
Uno de los pilares del derecho penal es el principio de favorabilidad, que establece que si una norma nueva es más favorable que la que fue aplicada en el momento a algún procesado, ésta también lo cobija.
De hecho, varios dirigentes políticos que fueron hallados culpables de nexos con grupos ilegales se movieron a través de sus abogados en el plano internacional advirtiendo que se les estaba violando su derecho a la doble instancia.
Esta reforma ya promulgada también tendrá efectos en actuales casos de corrupción como el de Odebrecht y el cartel de la toga.
Es decir, senadores como Musa Besaile, Bernardo ‘Ñoño’ Elías, entre otros, tendrían derecho a ser juzgados en una segunda instancia si son hallados culpables en la primera.
Se prevé que a la Corte Suprema de Justicia llegue un amplio número de solicitudes de exfuncionarios y excongresistas, exigiendo el cumplimiento del derecho que adquieren para que su proceso sea revisado en una instancia superior.
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