MOE no apoya pagos a quienes denuncien compra de votos: "Es una obligación ciudadana"

El Gobierno Nacional anunció que comenzará a pagar recompensas a los ciudadanos que entreguen información que permita desenmascarar a los candidatos y campañas políticas que compren votos,en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de octubre.

El presidente Gustavo Petro autorizó la implementación de esta medida y en los próximos días se estarían definiendo, junto con las autoridades correspondientes, los montos y los detalles de la forma en la que se entregarían estos incentivos económicos.

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Sin embargo, esta iniciativa no cayó bien en la Misión de Observación Electoral (MOE), que considera que denunciar la compra de votos y otras irregularidades electorales es una obligación ciudadana que no debe tener contraprestaciones de esta naturaleza, según dijo su directora, Alejandra Barrios.

“Preferiríamos que los ciudadanos no tuvieran que recibir algún pago para denunciar y nuestra invitación es a informar sin importar si reciben recompensa o no, el tema de la democracia también es un cuidado de nuestros impuestos”, señaló Barrios.

Dijo que lo que está en juego el próximo 29 de octubre es la posibilidad de elegir a funcionarios que cuiden el erario público y no personas que cometan hechos de corrupción.

“Lo que nosotros preferimos es lo que hacemos todos los ciudadanos comprometidos con la democracia y es la denuncia frente a compra de votos, trashumancia electoral, oferta de bienes y servicios a cambio del voto y todo lo que tiene que ver con corrupción, que los ciudadanos lo informen por un compromiso cívico con la democracia y eso puede sonar muy romántico”, indicó.

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“Los ciudadanos van a elegir el domingo sus alcaldes y gobernadores y si eligen funcionarios corruptos lo que van a tener es un pago de impuestos a cambio de que los otros estén comprando o poniendo la política al servicio privado”, añadió.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que en los próximos días se estarían conociendo los pormenores de los pagos que recibirían los ciudadanos, dependiendo de la gravedad de las denuncias que se presenten sobre compra y venta de votos en las elecciones.